El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata condenó a C.A.R.C. por captar, trasladar y alojar a una mujer para producir contenido erótico que se comercializaba en plataformas digitales. Los hechos ocurrieron entre enero de 2023 y abril de 2024.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata condenó a ocho años de prisión a un hombre identificado como C.A.R.C. por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en las modalidades de captación, traslado y acogimiento, agravado por engaño, abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación de la víctima. La sentencia fue dictada el miércoles pasado por el juez Pablo Ezequiel Wilk, en línea con el pedido del fiscal federal Nicolás Czizik, del Área de Transición de la Unidad Fiscal La Plata.
Según se acreditó durante el juicio, los hechos ocurrieron entre enero de 2023 y abril de 2024 en un domicilio del partido bonaerense de Ezeiza. El condenado contactó a la víctima, entonces de 25 años, a través de la red social Badoo utilizando el perfil de su pareja. Tras generar confianza y mantener conversaciones, la trasladó en automóvil hasta su vivienda, donde junto a su pareja le propuso participar en la producción de fotografías y videos de contenido erótico y sexual para comercializarlos en plataformas digitales, con la promesa de recibir el 50 por ciento de las ganancias. La fiscalía sostuvo que la víctima aceptó debido a su situación de vulnerabilidad.
Desde julio de 2023, la mujer comenzó a convivir con el condenado y su pareja. De acuerdo con la declaración de la víctima, cuando quiso abandonar las producciones y regresar a su casa, el autor la amenazó de muerte a ella o con dañar a su hija para impedirlo, y la obligó a continuar colaborando, incluso en tareas de filmación, sin recibir remuneración.
La investigación se inició el 13 de mayo de 2024 a partir de un llamado al 911 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El 15 de mayo de 2024 se allanó una vivienda en Ezeiza, donde se secuestraron cerca de 40 teléfonos celulares y tarjetas SIM identificados con nombres de mujeres, una tablet, un DVR, un aro de luz con trípode, juguetes sexuales, preservativos, anotaciones con nombres e importes y dinero en efectivo, entre otros elementos. Análisis forenses posteriores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del MPF detectaron que el material erótico continuaba comercializándose después de que la víctima abandonara la vivienda.
En la causa intervino la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora, a cargo de Sergio Mola. La víctima declaró ante personal policial, ante la fiscalía y fue entrevistada por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR), además de brindar testimonio remoto en el juicio con el acompañamiento de ese organismo.
Durante el alegato del 21 de octubre, el fiscal Czizik sostuvo que la prueba acreditaba que el tratante había captado a la víctima mediante engaño y aprovechando su situación de vulnerabilidad. El representante del MPF remarcó la necesidad de analizar los hechos con perspectiva de género y señaló que “el caso involucra en su génesis, desde el testimonio de la víctima, situaciones indicativas de violencia de género”.
La defensa del acusado sostuvo que la actividad había sido consentida por la víctima y que mantenían una relación poliamorosa. C.A.R.C. negó haber explotado sexualmente a la mujer y afirmó que ella participaba libremente en la producción de contenido erótico, manejaba sus propias cuentas y decidía cuándo concurrir a la vivienda y cuándo retirarse. También negó ejercer controles sobre ella y obtener beneficios económicos.
Frente a esa postura, el fiscal Czizik afirmó que “la imagen de una trieja es hacia afuera, para los terceros. Por dentro, la víctima es explotada” y agregó que la mujer participaba “porque no encontró otra alternativa”. Asimismo, destacó que el condenado utilizó la identidad de su pareja para contactar a la víctima y señaló la asimetría entre ambos: “Esto es necesidad económica e inexperiencia de un lado y todo lo contrario del otro”.
La sentencia dispuso una reparación económica para la víctima equivalente a 32 salarios mínimos, vitales y móviles, calculados al valor vigente al momento del pago. También ordenó el decomiso del dinero secuestrado, teléfonos celulares, tarjetas SIM, tablets y otros dispositivos electrónicos utilizados como instrumentos del delito, así como el automóvil empleado para los traslados. Además, dispuso la destrucción de panfletos y elementos de uso íntimo y accesorios destinados a la producción de contenido sexual. El tribunal absolvió al imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 12 de noviembre próximo.