El decreto 1366/2026 permite que empresas extranjeras domiciliadas en Argentina computen para el cupo del 20% de proveedores locales en el RIGI. La medida reemplaza el criterio de control societario local por el de domicilio fiscal.
El Gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial el decreto 1366/2026, que modifica los criterios reglamentarios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en materia de contratación de proveedores locales.
La normativa original, establecida en la Ley Bases (27.742), exige que los proyectos adheridos al RIGI comprometan la contratación de proveedores locales por un mínimo del 20 por ciento del monto de inversión asignado a la compra de bienes y obras, siempre que exista oferta disponible en condiciones competitivas de precio y calidad.
Con la modificación, la exigencia previa de combinar radicación con control societario local fue reemplazada por un criterio exclusivo de domicilio de la empresa en la Argentina. De este modo, cualquier compañía constituida y domiciliada en el país califica formalmente como proveedor local.
Según el decreto, las empresas extranjeras podrán calificar como proveedor local en el RIGI, quitándole a las nacionales la exclusividad del 20 por ciento de compre nacional. Esto implica que una empresa de patrimonio extranjero constituida en Argentina que fabrique equipamiento para proyectos mineros podrá computar para el cupo del 20 por ciento de compras locales, aunque la totalidad de sus accionistas sean extranjeros.
La medida fue tomada en un contexto en el que la Unión Industrial Argentina (UIA) había solicitado al Gobierno ampliar el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20 por ciento del RIGI con aplicación exclusiva para bienes con valor agregado local.
En junio pasado, la entidad fabril emitió un comunicado en el que expresó: «Si Argentina necesita regímenes de excepción para atraer inversiones, el desafío de fondo sigue siendo mejorar las condiciones bajo las que opera el conjunto de la industria». En esa declaración, la UIA pidió que se replique «el porcentaje mínimo de inversión obligatorio del 20 por ciento del RIGI con aplicación exclusiva para bienes con valor agregado local, de modo de priorizar a los proveedores de bienes transables, y sin diluirlo en aquellos que de todos modos serán contratados localmente».
El decreto forma parte de una serie de cambios aplicados por la administración de La Libertad Avanza en los criterios reglamentarios del régimen regulado por la Ley Bases.
