El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, declaró la conexidad de la acción de amparo ambiental colectiva contra la reforma de la Ley de Glaciares con el expediente iniciado por la provincia de La Pampa y ordenó restringir el acceso al expediente original. Las organizaciones demandantes sostienen que la demanda, sus pruebas y las adhesiones de más de 850.000 personas no fueron incorporadas a la causa pampeana.
El juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, declaró la conexidad de la acción de amparo ambiental colectiva presentada contra la reforma de la Ley de Glaciares (N° 27.804) con el expediente iniciado por la provincia de La Pampa, y ordenó restringir el acceso al expediente original. La medida fue adoptada el 12 de noviembre, según informaron las organizaciones demandantes.
La acción colectiva, tramitada bajo el expediente Esquivel (FBB 5866/2026), fue presentada el 5 de mayo de 2026 por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con asambleas territoriales y referentes sociales. La demanda solicita la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y la suspensión de su aplicación en todo el territorio nacional. Más de 850.000 personas acompañaron la presentación con su firma.
Según el relato de las organizaciones, tras dos pedidos de pronto despacho realizados en agosto y septiembre, el magistrado declaró la conexidad el 8 de octubre. El 12 de noviembre, ante un escrito del equipo legal que reclamaba resolver las medidas cautelares sin supeditarlas al trámite de La Pampa, el juez informó que la presentación había sido archivada sin tratamiento, ordenó restringir la totalidad del expediente y remitió a los demandantes a actuar en la causa pampeana.
Las organizaciones afirmaron que la demanda colectiva, sus argumentos jurídicos, la prueba técnica aportada y las firmas de más de 850.000 ciudadanos no figuran incorporados en el expediente electrónico de La Pampa. Sostuvieron que, en términos operativos, el reclamo quedó en una situación de incertidumbre judicial.
La causa iniciada por La Pampa fue rechazada en septiembre por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en cuanto a la medida cautelar provincial, según consignaron las demandantes. El expediente de las organizaciones contiene documentación técnica sobre riesgos en la cordillera, entre ellos los que el proyecto minero Vicuña, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), representa para el glaciar de escombros GE110, en la provincia de San Juan.
En el día de ayer, los abogados de las organizaciones presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio para solicitar al juez que revierta la decisión de archivar el escrito presentado en octubre y de restringir el acceso al expediente. En caso de rechazo, pidieron que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Las organizaciones, asambleas y ciudadanía que impulsan la demanda solicitaron que se respete el derecho a acceder a la Justicia, que se incorporen efectivamente la demanda, sus fundamentos, la prueba documental y las adhesiones de más de 850.000 personas, que se deje sin efecto la restricción del expediente, que se resuelvan las medidas cautelares pendientes y que se garantice el tratamiento de todos los planteos de la demanda colectiva, aun cuando se tramite junto con la causa iniciada por La Pampa.
El Poder Judicial, según las demandantes, tiene la obligación institucional de garantizar la transparencia del trámite, restablecer el acceso al expediente original y asegurar el tratamiento efectivo del reclamo colectivo.
