En nombre de los “6 millones de asalariados informales”, el gobierno, la derecha y un ejército de abogados, divulgadores y representantes de las grandes empresasplantean demagógicamente que “algo hay que hacer”, como si les importara realmente la realidad que viven cotidianamente las familias trabajadoras, y venden que la reforma laboral sería una solución a ello. Desde este enfoque, la escasa de creación de puestos de trabajo y la elevada informalidad es culpa de los “altos costos laborales que ahogan a los empresarios que quieren dar empleo”.
No se trata de un planteo novedoso, ni es la primera reforma laboral que intenta aplicarse en este país o en el mundo. La evidencia empírica, por un lado, y los fundamentos económicos, por otro, demuestran la falacia de esta idea, como buscaremos sintetizar a continuación.
Sin embargo, el lector debe ser advertido de un aspecto que sí es cualitativamente distinto en esta disputa: bajo el eufemismo de “modernización”, la reforma trata de un salto en el nivel de ataque a los derechos de los trabajadores.
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Este ataque comenzó con el DNU 70/23, el capítulo incluido en la “Ley Bases” que extendió el período de prueba y atacó el derecho de huelga, entre otras, (aunque debió ser recortado producto de la lucha), y que ahora busca culminar su obra en favor del gran capital con una brutal ofensiva sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, las vacaciones, la organización sindical y colectiva en defensa de esos mismos derechos y el financiamiento de las jubilaciones y la seguridad social (entre otros muchos aspectos graves). Lo que Myriam Bregman denominó “olor a Videla” en el Congreso.
En los ´90 se flexibilizó y la informalidad no bajó: creció aceleradamente
Lejos de “crear empleo”, las medidas de flexibilización laboral aplicadas bajo la dictadura y el gobierno de Carlos Menem, y perpetuadas en lo central por los gobiernos posteriores, permitieron un aumento del trabajo no registrado y de múltiples formas de precarización y fraude laboral.
El argumento demagógico y falaz del gobierno sigue siendo que para generar trabajo “en blanco”, registrado, hay que quitar derechos, “flexibilizar” los horarios laborales eliminando horas extra y extendiendo la jornada hasta 12 horas al día, limitar las vacaciones, indultar el trabajo no registrado, facilitar el fraude laboral y atacar el derecho de huelga y organización.
Incluso, el colmo de que para que haya menos despidos, hay que ir hacia despidos “más fáciles y baratos”, o más bien gratuitos para empresario. ¿Por qué una norma que se propone crear empleo comenzaría por facilitar los despidos?
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El argumento de fondo es que reducir costos crea empleo. Y además, arguementan que el empleador va a tener incentivos a registrar a los trabajadores. No obstante, la evidencia empírica demuestra que esto no ocurre. Durante la década de los noventa, el auge de las reformas pro empresariales, bajo la impronta de Carlos Menem y Domingo Cavallo, la informalidad laboral aumentó. De acuerdo a un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Informalidad Laboral en Argentina, durante la década de los noventa, la tendencia del empleo no registrado fue creciente: pasó de 28,8% en 1994 al 44,5% en 2004, durante el proceso de salida de la Convertibilidad.
El mismo empeoramiento reflejan los principales indicadores laborales. La desocupación pasó de ser el 6,3 % en 1990 a ubicarse en el 13,8 % en 1999. La subocupación se movió en el mismo sentido. El porcentaje de personas bajo la línea de la pobreza, luego de bajar en 1991 al 21,5%, creció hasta el 26,7 % en 1999. La década también concluyó con mayores niveles de desigualdad en el ingreso.
La tendencia a la informalidad es un espejo de la decadencia de la economía argentina: subió desde el 15,3% en 1977 a consolidarse en prácticamente un tercio de la fuerza laboral, con un pico de 44,5% en 2004. No solo eso. La tasa de precarización extrema, que contempla un conjunto de aspectos más amplios vinculados a los derechos laborales, afecta en la actualidad más de la mitad de los ocupados.
Por supuesto que no puede eximirse a los gobiernos kirchneristas de su responsabilidad en el acrecentamiento de esta tendencia. La recuperación del empleo posterior a la crisis de 2001 se dio mayormente con empleo precario, en donde florecieron las tercerizadas y el monotributo, generando las condiciones para que hoy contemos con el récord de trabajadores ocupados en la pobreza.
En ningún caso una reforma tan regresiva como la que se pretende imponer puede generar un crecimiento del empleo. Al contrario, en todos los casos, los indicadores sociales y económicos tienden a empeorar aceleradamente con reformas como ésta. Así lo refleja un informe de la Organización Internacional del Trabajo – OTS de 2015, que analizó 65 reformas laborales de esa década en el mundo, llegando a la misma conclusión. O como puede verse en la masivas protestas en Portugal y en Europa contra nuevas reformas laborales en igual sentido.
Sin crecimiento económico, y sin salir del atraso y la dependencia, no mejorará el empleo
En la actualidad hay unos 9 millones de trabajadores ocupados en situación de informalidad laboral. Unos 5,5 millones son asalariados no registrados (sin derechos) y alrededor de 3,5 millones son cuentapropistas informales. Los últimos datos del Indec muestran que los asalariados informales en el sector privado representan el 43,8% del total. Entre el trabajo independiente la informalidad es del 64%.
El problema no es el marco legal, que en todo caso hay que “modernizar” en el sentido correcto del término: ampliar derechos laborales, como una reducción de la jornada laboral que hoy por hoy es de 8 horas desde hace un siglo. El problema es que, de mínima, la economía no crece desde hace una docena de años. Y a eso debe agregarse un retroceso en la matriz productiva, crecientemente primarizada, desindustrializada, concentrada, extranjerizada y atrasada en términos de sus potencias productivas.
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Bajo estos preceptos, sin inversión real como es la norma en las últimas décadas, con predominancia de los sectores financieros y especulativos, y de producción primaria exportadora con bajo valor agregado local, y los efectos destructivos de la apertura importadora, el único tipo de empleo que seguirá creciendo es precario. Estamos camino al modelo “peruano”.
De hecho, a más de un año de la aprobación de la ley bases, la economía se encontraba en el tercer trimestre de 2025 en el mismo nivel que estaba en igual trimestre de 2023 (var. PBI real -0,02%): Atacar derechos no generó nuevo empleo. Es más, con el “blanqueo laboral” de esa ley sólo se “blanquearon” 16 mil puestos de trabajo. Apenas menos del 0,3% del total de asalariados privados. No hay necesidad de blanquear, ya que no hay multas, ni inspecciones, ni consecuencias sobre el empleador. Con una nueva reforma laboral se profundizará ese “incentivo” de los empresarios a evadir sus obligaciones.
En el “reino de la libertad” que declama Milei, los trabajadores son cada vez más esclavos. Mientras el poder y los principales resortes de la economía no sean administrados por la clase trabajadora, tomándola en sus manos y con una planificación racional y democrática de nuestros recursos económicos, no habrá posibilidad de superar la decadencia y el atraso a la que nos someten estas políticas de la sumisión al imperialismo.
Los empresarios que ganaron fortunas durante estos años, buscan barrer con los derechos laborales conquistados por siglos de lucha de la clase trabajadora. Los representantes de esta última, como la CGT, no se predisponen a enfrentar al gobierno y las patronales seriamente. Es necesario imponerles que rompan la tregua y llamen a un verdadero plan de lucha con un paro general, para tirar abajo la reforma laboral esclavista.