La Defensoría del Pueblo de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anule la condena a Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado a la salida de un boliche en Villa Gesell, en 2020. El planteo sostiene que no se respetó el derecho a defensa del imputado, con críticas a la estrategia utilizada por el abogado Hugo Tomei.
Pertossi es uno de los tres culpables que recibió una pena de 15 años de prisión por ser «partícipe necesario» del asesinato del adolescente de 18 años, junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz. Por su parte, los rugbiers Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Cirto Pertossi fueron condenados a «reclusión perpetua» al ser considerados coautores de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.
Los rugbiers que mataron a Báez Sosa: cuál fue su rol en el crimen y qué condena recibió cada uno
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La presentación in pauperis –procedimiento que permite demandar o apelar sin pagar costas judiciales por adelantado- fue realizada por el abogado Ignacio Nolfi, quien señaló que la Corte bonaerense rechazó el recurso extraordinario interpuesto por Tomei, que representó legalmente a los ocho imputados durante el juicio que se realizó en 2023 en el Tribunal en lo Criminal N°1 de Dolores.
El escrito, al que tuvo acceso PERFIL, manifiesta que el abogado llevó a cabo una defensa común para todos, sin atender las diferencias en el hecho, como el grado de participación de cada uno y las pruebas respecto de Pertossi -lo cual quedó reflejado en el fallo de los jueces-. Por este motivo, solicitó que se haga un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada” para el joven.
Para Nolfi, existió una violación del derecho de defensa de Lucas Pertossi como consecuencia de presuntos “intereses contrapuestos entre los acusados y un patrocinio técnico común e indiferenciada”.
Otro de los puntos que destaca la presentación, se vincula con la imprecisión del hecho debido a la escasez de exactitud que se le juzgó al implicado, al tiempo que menciona que supuestamente se detectaron vicios desde la etapa de instrucción. «No pudo dar una versión fiel y completa de los hechos, lo que restringió su derecho de defensa», añade.
“La homogeneización defensiva adoptada impidió desplegar líneas argumentales centrales en favor de Pertossi, condicionó su declaración, limitó el alcance de sus derechos recursivos y lo privó de una evaluación individualizada de su responsabilidad penal conforme a la prueba de cargo producida en su contra», remarcó en otro tramo del texto.
En ese sentido, reclamó al Máximo Tribunal revise la resolución que condenó al involucrado a 15 años de prisión, ya que su participación habría sido diferente a los demás rugbiers en el crimen ocurrido hace más de seis años en la puerta de la ex disco Le Brique, ubicado en la ciudad balnearia donde Fernando, sus amigos, y los jóvenes sentenciados estaban de vacaciones.
La defensa de Lucas Pertossi: un rol “secundario y periférico”
El planteo del representante de la Defensoría cuestiona también la supuesta creación de un relato de acontecimientos que, en su visión, no coincidiría con las pruebas y aparentes irregularidades en los testimonios iniciales y las audiencias, mientras que denunció incoherencias en el razonamiento de los magistrados María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Javier Lázzari.
Sobre las acciones que realizó Pertossi durante el hecho, comentó que se habría limitado, primero, a filmar inicialmente una parte de lo que estaba sucediendo, y luego mantuvo un «altercado menor» con una tercera persona ajena a la víctima. «Secundario y periférico«, fueron las palabras que utilizó para describir el rol que supuestamente habría tenido.
Además, aseguró que el primo de Ciro y Luciano Pertossi se habría retirado del lugar «antes» de que finalizara la golpiza a Fernando, lo que habría sido captado por las cámaras de seguridad. En su interpretación, habría existido una “desvinculación temporal y espacial”.
Con respecto al razonamiento de los jueces, cuestionó la lógica del fallo por modificar la secuencia del dolo (intención) y reclamó problemas de congruencia, al discrepar con lo que en teoría se acusó y finalmente se sentenció. El pedido se fundó en principios constitucionales e internacionales que determinan que un acusado debe tener una asistencia legal que debe ser “efectiva y sustancial”.
FP/DCQ