La medida, adoptada por el jefe del Ejército, implica la pérdida del estado militar y de beneficios para los condenados. La decisión se basa en un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
El Ejército resolvió dar de baja a 34 militares con condenas firmes por delitos de lesa humanidad, en una decisión que se conoció este sábado. La medida fue adoptada por el jefe de la fuerza, general de división Oscar Santiago Zarich, a partir de una presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La resolución alcanza a un teniente coronel retirado y 33 suboficiales. Según se indicó, la baja administrativa supone la pérdida del estado militar, por lo que los afectados dejarán de percibir beneficios como retiros, pensiones y cobertura médica.
El avance se produjo después de que la PIA detectara, dos semanas atrás, 78 casos de integrantes de las Fuerzas Armadas y de fuerzas de seguridad que, pese a tener sentencia firme, todavía no habían sido desafectados como establece la normativa vigente. El organismo sostuvo que existe un marco legal claro que obliga al Estado a ejecutar esas bajas una vez que la condena queda firme.
No es la primera decisión de este tipo. A comienzos de 2025, el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, ya había dispuesto la baja de 23 militares condenados por la Justicia.
Además de impulsar las bajas, la Procuraduría advirtió sobre la falta de una política estatal coordinada para ejecutar de manera rápida y completa las consecuencias administrativas de las condenas firmes. En ese sentido, señaló que persisten demoras, respuestas fragmentadas y resistencias institucionales que entorpecen el cierre de estos procedimientos.
El informe también puso el foco en la ausencia de mecanismos adecuados de registro, seguimiento y control dentro de las áreas estatales encargadas de administrar el personal de las fuerzas y de supervisar el cumplimiento de las sentencias judiciales.