El Gobierno nacional incorporó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro de entidades vinculadas al terrorismo, fundamentando la decisión en su presunta participación en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA en los años 90.
La Oficina del Presidente informó la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida se fundamenta en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que vinculan a este cuerpo iraní con los atentados perpetrados en la década de 1990 en Argentina.
Según el comunicado oficial, el ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido el 17 de marzo de 1992, y el atentado a la sede de la AMIA, del 18 de julio de 1994, fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah. Estos hechos dejaron un saldo de 114 muertos y más de 500 heridos en total.
La Justicia argentina ha emitido alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes investigados por estos casos, entre los que se encuentra el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, actualmente al frente del CGRI.
La decisión de declarar al CGRI como organización terrorista fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado. Se basa en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en territorio argentino.
La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización en el país y a proteger al sistema financiero de su utilización con fines ilícitos.
El presidente Javier Milei sostuvo que la medida busca saldar una deuda histórica de más de 30 años con las víctimas y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.