FARN, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace buscan sumar a la ciudadanía a una acción judicial para frenar la aplicación de la ley recientemente aprobada, argumentando inconstitucionalidad y falta de participación.
Tras la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares, tres organizaciones ambientalistas han lanzado una convocatoria para lo que denominan «la demanda colectiva más grande de la historia». Las agrupaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace invitan a la ciudadanía a sumarse a una denuncia judicial que busca frenar la ejecución de la nueva normativa.
Las organizaciones toman como antecedente la masiva participación registrada en las audiencias públicas previas, que contaron con casi 105.000 inscriptos, y buscan alcanzar una adhesión similar. Uno de los ejes de la acción colectiva es la limitada cantidad de expositores que pudieron participar efectivamente en dichas audiencias. «Cientos de miles de personas se inscribieron para defender los glaciares y fueron ignoradas», argumentan.
En declaraciones a medios, Agostina Rossi de Greenpeace explicó: «En lugar de hacer una acción judicial solo de las organizaciones queremos que la gente se involucre. Vamos a hacer la parte burocrática y legal para que sea la más grande de la historia». Los ambientalistas sostienen que el proceso de debate fue «viciado y a espaldas de la sociedad, que ha ignorado a miles de personas que exigieron proteger el agua».
La base legal de la demanda se fundamenta en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la competencia del Estado nacional para fijar los presupuestos mínimos de protección ambiental. Según las organizaciones, la reforma invierte esta relación al otorgar la última palabra a cada provincia sin establecer un criterio uniforme, lo que genera discrecionalidad y posibles conflictos interjurisdiccionales.
«Las provincias cordilleranas van a definir los recursos hídricos de otras provincias, van a generarse conflictos con las provincias que se abastecen del agua del glaciar», advierten. Además, señalan que la modificación contraviene principios ambientales como el de no regresión, que impide reducir los niveles de protección ya alcanzados.
Las organizaciones concluyen que esta decisión, lejos de cerrar el conflicto, abre una nueva etapa de participación ciudadana en defensa del agua, reafirmando el rechazo social expresado hacia la reforma de la Ley de Glaciares.