El tribunal ratificó la decisión judicial contra Omar Scarel por presunto encubrimiento en una causa por reintegros de IVA irregulares, y mantuvo un embargo por 200 millones de pesos. También se refirió al caso del exdirector de AFIP Carlos Vaudagna.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó este jueves el procesamiento sin prisión preventiva de Omar Scarel, exsíndico de la agroexportadora Vicentín SAIC, por el delito de encubrimiento por favorecimiento personal agravado. La resolución, firmada por los jueces Patricia García y Enrique Bosch, rechazó en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por la defensa y mantuvo firme el embargo de doscientos millones de pesos trabado sobre sus bienes.
El caso se enmarca en una investigación más amplia radicada en el Juzgado Federal de Reconquista, en la que también fue procesado Carlos Andrés Vaudagna, exdirector regional de las sedes Santa Fe y Rosario de la ex-AFIP (actual ARCA). Vaudagna fue imputado además por lavado de activos agravado y tiene un embargo de setecientos millones de pesos.
Según la investigación, ambos habrían actuado de manera coordinada para beneficiar a Vicentín y sus directivos en el marco de una causa por la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones por más de 143 millones de pesos, correspondientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
El delito base fue investigado a partir de una denuncia de la propia ex-AFIP en agosto de 2020, que determinó que Vicentín había percibido indebidamente reintegros mediante la declaración de créditos fiscales ficticios, sustentados en facturas emitidas por proveedores y corredores apócrifos. En mayo de 2024, ese proceso culminó con el procesamiento de la empresa y 14 de sus directivos.
La hipótesis acusatoria sostiene que Vaudagna habría intercedido ante funcionarios a su cargo para evitar que los créditos apócrifos fueran impugnados, mientras que Scarel habría requerido activamente esa intervención y recibido asesoramiento técnico e información interna, reuniéndose con el exfuncionario en numerosas ocasiones fuera de la sede institucional.
La investigación tomó impulso a partir del análisis del teléfono celular de Vaudagna, incautado en junio de 2021, del que surgió una extensa conversación por WhatsApp entre ambos imputados, sostenida entre octubre de 2017 y marzo de 2021, sobre las fiscalizaciones a proveedores vinculados a Vicentín.
La defensa de Scarel había cuestionado la resolución de primera instancia argumentando atipicidad de la conducta, un supuesto de autoencubrimiento no punible y la desproporción del embargo. El tribunal desestimó cada uno de estos planteos. Respecto al autoencubrimiento, la Cámara fundamentó su rechazo en el rol específico del síndico societario en el derecho argentino, recordando que es un órgano de fiscalización interna con funciones limitadas, distinto de los administradores de la sociedad.