Una denuncia judicial pone bajo la lupa préstamos por miles de millones de pesos otorgados a miembros del oficialismo, incluyendo altos cargos del equipo económico. Las acusaciones abarcan posibles conflictos de interés y falta de transparencia en los trámites.
Una serie de denuncias judiciales ha centrado la atención en un conjunto de créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo. Según los datos difundidos, 25 beneficiarios vinculados al Gobierno habrían recibido financiamiento por un total aproximado de 6.500 millones de pesos, en el marco de líneas destinadas a la adquisición de vivienda.
Entre los casos señalados se encuentran varios integrantes del equipo económico. Federico Furiase, actual secretario de Finanzas, habría recibido un préstamo por 367 millones de pesos para la compra de una propiedad en un country de Pilar. La denuncia, presentada por la diputada Mónica Frade, cuestiona la rapidez del trámite –escriturado en semanas frente a los plazos habituales– y señala que, al momento de la solicitud, Furiase era director del Banco Central, organismo regulador del sistema financiero.
También figuran en la lista Pedro Inchauspe, con 510 millones de pesos, y Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, con 373 millones. Los funcionarios han negado haber recibido trato privilegiado, afirmando que realizaron los trámites «como cualquier hijo de vecino».
La investigación judicial busca determinar si se respetaron los requisitos formales, como la relación entre ingresos y cuotas, y si existieron facilitaciones en los otorgamientos. La diputada Frade amplió la denuncia para incluir casos específicos, argumentando un posible conflicto de intereses, especialmente en aquellos funcionarios que ocupaban cargos en áreas de supervisión financiera.
El Ministerio de Economía ha informado que otros cuatro funcionarios de su área recibieron este tipo de financiamiento: Felipe Beron, Juan Manuel Garzón, Javier Matías Mana y Federico Ramos Nápoli, por montos que van desde los 180 a los 362 millones de pesos.
Las actuaciones se encuentran a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien deberá evaluar la procedencia de las acusaciones de conflicto de intereses, abuso de autoridad y administración fraudulenta, entre otras.