Una disposición oficial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) dejó sin efecto una parte sustancial de sus prestaciones, en base a un análisis de demanda y alineamiento estratégico. La medida genera reacciones diversas sobre su impacto en el sistema productivo.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) formalizó, mediante una disposición, la eliminación de más de 900 servicios de su oferta tecnológica. La decisión se fundamenta en un análisis interno que evaluó la demanda efectiva, la cobertura y el alineamiento estratégico de cada prestación.
Según el documento oficial, una gran cantidad de los servicios eliminados «no han tenido demanda efectiva, o poseen oferta privada», lo que llevó a considerarlos como un uso ineficiente de recursos estatales. Desde el organismo se argumenta que mantener estas prestaciones podía generar distorsiones en el mercado y afectar la competencia.
La conducción del INTI sostiene que esta medida no implica una retirada del Estado, sino una reorientación hacia funciones donde su participación se considera más relevante. «No implica una retracción de su rol institucional, sino una reorientación hacia funciones donde su participación resulta más relevante», se indica en los fundamentos.
Esta reestructuración no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de modificaciones aplicadas desde mediados de 2024, que incluyeron la reducción de líneas de trabajo y cambios en áreas como la metrología legal y la calibración.
Sin embargo, al interior del organismo, la medida se enmarca en un escenario operativo complejo. Se reportan dificultades como la falta de pago de viáticos, lo que limita las visitas técnicas a empresas, y la paralización en la firma de nuevos convenios institucionales, con varios acuerdos existentes suspendidos. Esta situación ha generado un clima de tensión interna.
Otro aspecto que ha llamado la atención es que la disposición no especifica montos de reasignación presupuestaria, a diferencia de otros actos administrativos, lo que ha alimentado percepciones sobre un ajuste en curso.
La decisión se inscribe en el contexto de la política nacional que busca reducir la intervención estatal en áreas donde existe oferta privada, impactando directamente en el entramado industrial y tecnológico del país.