La ratificación del tratado comercial reaviva el debate sobre su impacto en el comercio y el medioambiente, con especial atención a la deforestación y el uso de agroquímicos.
El Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ratificado recientemente por Paraguay, último país del bloque en hacerlo, se perfila como un tratado que redefinirá las relaciones económicas entre ambas regiones. Tras décadas de negociación, su entrada en vigor provisional está prevista para 2026, lo que implicará una reducción progresiva de aranceles para una amplia gama de productos.
Desde el punto de vista económico, el acuerdo es visto como un motor crucial para el intercambio comercial. Se espera que facilite las exportaciones de productos agrícolas, industriales y químicos, fortaleciendo los lazos entre los bloques. Actualmente, más del 70% de las exportaciones del Mercosur a la UE son materias primas agrícolas, un flujo que podría intensificarse.
Sin embargo, el pacto también ha generado un amplio debate por sus posibles consecuencias ambientales. Una de las principales preocupaciones es que el aumento de la demanda de productos como la soja y la carne podría incentivar la expansión de la frontera agropecuaria, ejerciendo presión sobre ecosistemas clave como la Amazonía y acelerando procesos de deforestación.
Otro punto de controversia es el relacionado con los plaguicidas. La eliminación de aranceles para productos químicos de la UE, algunos de los cuales están prohibidos en territorio europeo por su toxicidad, plantea interrogantes sobre posibles asimetrías regulatorias y sus efectos en la salud pública y la biodiversidad local.
Asimismo, se analiza el impacto que el tratado podría tener en el sector minero latinoamericano, impulsado por la demanda de minerales estratégicos para la transición energética, lo que podría generar conflictos sociales y afectar territorios indígenas y áreas protegidas.
Para mitigar estos riesgos, se ha planteado el Reglamento de la UE sobre Deforestación, que exigiría que productos como la soja y la carne provengan de zonas libres de deforestación. No obstante, su implementación ha sido postergada y flexibilizada, lo que genera dudas sobre su efectividad práctica.
Frente a estos desafíos, algunos expertos ven en el acuerdo una oportunidad para mejorar la gobernanza y elevar los estándares ambientales, mencionando la inclusión de referencias al Acuerdo de París, aunque sus obligaciones de reducción de emisiones no son vinculantes. El equilibrio entre el crecimiento económico y la protección ambiental se presenta como el factor clave que determinará el impacto final de este histórico tratado comercial.