Las iniciativas buscan reconfigurar el sistema de protección social, introduciendo cambios en el financiamiento y la administración de estos programas.
El Poder Ejecutivo Nacional ha remitido al Congreso dos proyectos de ley que proponen modificaciones sustanciales en el ámbito de la protección social, específicamente en las áreas de salud mental y discapacidad.
Uno de los proyectos, denominado «Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», establece que el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad estará sujeto a la «disponibilidad de recursos» del Estado. Esta condicionalidad presupuestaria introduce un nuevo criterio para la asignación de prestaciones.
En paralelo, se presenta una reforma a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. La iniciativa propone otorgar un rol central a la «mirada técnica-médica», reforzando la participación de especialistas en psiquiatría en los equipos de trabajo y en las inspecciones de centros de internación.
En materia financiera, el proyecto modifica el artículo 41 de la ley vigente, eliminando la obligación explícita del Estado nacional de brindar «cooperación económica y financiera» y supeditando las partidas a la firma de convenios. Si bien no se deroga explícitamente el artículo que fija un piso presupuestario del 10% para salud mental, la modificación altera el mecanismo de financiamiento garantizado.
El Gobierno fundamenta estas medidas en la necesidad de optimizar los recursos, combatir irregularidades y asegurar la equidad en el sistema. Los proyectos se encuentran ahora en análisis por parte de los legisladores.