Ante la obligación de cumplir con la ley de financiamiento universitario, el Gobierno impulsa una modificación legislativa para reducir el impacto fiscal de los fondos destinados a las universidades.
El bloque oficialista en la Cámara de Diputados busca reactivar un proyecto de reforma a la ley de financiamiento universitario, luego de que la Justicia ordenara al Poder Ejecutivo cumplir con la normativa vigente. La iniciativa, presentada en febrero, propone modificaciones para reducir el impacto fiscal respecto de la ley actual, que obliga al Estado a desembolsar fondos por actualizaciones salariales y programas de becas.
El proyecto oficial no deroga la ley 27.795, sancionada el año pasado, pero introduce cambios en aspectos clave como la recomposición salarial de docentes y no docentes, y el financiamiento de gastos de funcionamiento. Mientras la ley actual exige reconocer pérdidas por inflación desde diciembre de 2023, la propuesta gubernamental plantea una actualización a partir de 2025.
Fuentes legislativas confirmaron que se prevé una pronta convocatoria a comisiones para tratar la iniciativa, aunque aún no hay una fecha definida. El Gobierno argumenta que el cumplimiento íntegro de la ley actual afecta el equilibrio fiscal, por lo que apeló los fallos judiciales y, en paralelo, impulsa esta vía parlamentaria.
La reactivación del proyecto se da en un contexto donde las universidades han obtenido fallos favorables en primera y segunda instancia, lo que dificultaría eventuales negociaciones para una reforma consensuada. El proyecto también modifica los mecanismos de paritarias y el ajuste por inflación para partidas presupuestarias de hospitales universitarios y ciencia y técnica.