martes, 21 abril, 2026
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Identifican a un menor vinculado a amenazas en la EES N° 66 y secuestran teléfono celular

La Policía del Chaco, a través del Departamento Cibercrimen, intervino tras una denuncia por mensajes amenazantes en redes sociales dirigidos a la escuela «Roberto Muller». En el procedimiento se incautó un dispositivo y se dio intervención a áreas de Niñez y Familia.

Tras una investigación tecnológica, el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco logró identificar a uno de los presuntos responsables de la difusión de mensajes amenazantes sobre un posible ataque en la Escuela de Educación Secundaria (E.E.S.) N° 66 «Roberto Muller». En el operativo se incautó el teléfono móvil vinculado al caso y se dio intervención a las áreas de Niñez y Familia.

La investigación se inició el 18 de abril, a partir de la denuncia de una docente que alertó sobre la circulación de capturas de pantalla de WhatsApp e Instagram con amenazas. En dichas publicaciones se advertía sobre el uso de armas de fuego y armas blancas en el establecimiento educativo, acompañadas de imágenes.

Efectivos de la División Cibercrimen realizaron un análisis de fuentes abiertas y perfiles en redes sociales, logrando rastrear el usuario de Instagram denunciado. Las tareas permitieron localizar un domicilio en el barrio La Rubita, donde reside un menor de 13 años presuntamente vinculado a la creación y difusión del contenido.

Por orden del Equipo Fiscal N° 03, se realizó un procedimiento en el domicilio señalado. Allí, los efectivos procedieron al secuestro formal de un teléfono celular Samsung A13, el cual será sometido a peritajes técnicos bajo estricta cadena de custodia.

Se notificó de las actuaciones a la progenitora del menor involucrado y se dio intervención inmediata a la Dirección de Adolescencia, Niñez y Familia (Línea 102) para el abordaje integral del caso.

La Policía del Chaco recuerda a la ciudadanía, y especialmente a jóvenes y padres, que la difusión de amenazas o falsas alarmas que alteren la tranquilidad pública está tipificada como el delito de intimidación pública. Este tipo de acciones moviliza recursos de seguridad y puede acarrear consecuencias judiciales para los responsables y sus tutores.

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