La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco presentó formalmente su postura ante la Legislatura provincial, en respuesta al proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
En una presentación formal ante la Legislatura provincial, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECh) ratificó su rechazo al Proyecto de Ley N° 303/2026 enviado por el Poder Ejecutivo. La entidad gremial respondió a un requerimiento de la Comisión de Legislación del Trabajo, manteniendo la postura que ya había expresado el pasado 7 de marzo junto a otras organizaciones sindicales del sector estatal.
Desde la conducción de ATECh manifestaron su preocupación por lo que consideran una tergiversación de la normativa vigente por parte de legisladores oficialistas, y señalaron que los derechos sindicales estarían siendo afectados por esta iniciativa. Para el sindicato docente, el proyecto no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un contexto político que busca promover la especulación y el individualismo por sobre la solidaridad y el humanismo.
ATECh recordó que la Constitución Provincial y las leyes vigentes reconocen las licencias por representación gremial con goce de haberes, y advirtió que el nuevo marco legal pretende desconocer esta situación. La organización sostiene que el objetivo final sería el debilitamiento de las asociaciones sindicales, que consideran un vallado de defensa para los derechos laborales y salariales de los empleados públicos.
El gremio denunció además que la política tiende al desfinanciamiento de los sindicatos y busca generar una diferenciación entre los representantes y sus afiliados. Según el comunicado, la pérdida de aportes jubilatorios y de cobertura de obra social para quienes ejercen cargos gremiales vulnera el principio de igualdad y constituye una privatización encubierta de un sector de los empleados del Estado. ATECh vinculó esta situación con experiencias recientes de retenciones indebidas de aportes sindicales por parte del Estado, lo que consideran una violación al artículo 32 de la Constitución provincial.
Finalmente, el gremio desestimó los argumentos del Ejecutivo que califican a los salarios como un costo, afirmando que los salarios son inversiones y no deben considerarse gastos. Los representantes de los educadores instaron a los legisladores a repasar la historia y los debates de principios de los noventa que dieron lugar al Estatuto del Docente, donde se garantizó que las licencias gremiales pagas por el Estado no fueran consideradas una subvención de la patronal, sino una forma de fortalecer la democracia. El sindicato concluyó reafirmando que, de aprobarse el proyecto, se vulneraría la previsibilidad jurídica y el desamparo salarial de la representación sindical sería inminente.