El senador Jorge Capitanich expresó en el Senado su rechazo al acuerdo con los holdouts por 171 millones de dólares, al considerar que sienta un precedente peligroso y compromete la soberanía del Estado.
El senador Jorge Capitanich participó de la reunión de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, y de Presupuesto y Hacienda del Senado, donde manifestó la oposición del bloque al acuerdo entre la Argentina y los holdouts Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP, por 171 millones de dólares, relacionado con la crisis del 2001.
Capitanich afirmó que el bloque peronista rechaza el acuerdo, aunque reconoce el proceso de reestructuración de la deuda pública. En ese marco, recordó el contexto de la crisis de 2001 y las reestructuraciones de 2005 y 2010. “Es absolutamente imprescindible remarcar que oportunamente se sancionó, el 6 de enero de 2002, la Ley 25.961 de emergencia cambiaria y de normativa financiera”, señaló.
El senador también hizo mención a la “denominada cláusula Rufo” del año 2014, que establecía equidad en el trato para los acreedores. Para Capitanich, “Argentina no desconoció sus obligaciones, las reestructuró en condiciones compatibles con la recuperación económica, la continuidad institucional, la preservación del interés público y la capacidad de pago”.
Además, alertó sobre los efectos a futuro de la iniciativa, al advertir que el proyecto podría sentar un precedente peligroso. En ese sentido, señaló que, ante cada litigio, el Estado podría verse obligado a ceder, debilitando progresivamente su capacidad de negociación y su soberanía. “Este mecanismo no resuelve el problema, lo profundiza”, sostuvo.
Capitanich fundamentó el rechazo del bloque en varias objeciones: señaló que el acuerdo premia la conducta de los holdouts y no garantiza condiciones de equidad entre los acreedores; advirtió que entra en tensión con la Ley 27.207 que limita el accionar de los fondos buitre, y con los principios internacionales de reestructuración de deuda soberana; también cuestionó que la jurisdicción externa pretenda sustituir el rol del Congreso y remarcó la falta de resguardo de la inmunidad soberana.
Finalmente, el senador planteó la necesidad de establecer principios claros, definir una estrategia consistente y responder los interrogantes expuestos en el dictamen, y concluyó: “Defender el interés nacional no es opcional, es una prioridad”. “El punto central para el Congreso no es si el acreedor libera determinados reclamos, sino que el Estado obtenga una solución integral, razonable, equitativa y compatible con el interés público”, sintetizó.