La legisladora Magdalena Odarda presentó una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas para que se investigue a los funcionarios del Ministerio del Interior que celebraron un acuerdo conciliatorio con la empresa Hidden Lake, del magnate inglés Joseph Lewis, por la compra de tierras en Lago Escondido.
La legisladora provincial Magdalena Odarda interpuso una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para que investigue a los funcionarios del Ministerio del Interior que participaron en el acuerdo conciliatorio con la empresa Hidden Lake SA, del magnate inglés Joseph Lewis. El acuerdo, celebrado el 14 de enero pasado en plena feria judicial, cerró la causa por la compra de unas 12.000 hectáreas en las inmediaciones del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro.
El acuerdo conciliatorio fue homologado por el juez Walter Lara Correa y puso fin a la acción judicial de lesividad que el Estado nacional había impulsado a finales de 2023 contra la empresa. Dicha acción buscaba la declaración de nulidad de las autorizaciones que permitieron a la firma de Lewis adquirir las tierras en zona de seguridad de frontera.
En su denuncia, Odarda solicitó al Procurador que requiera al Ministerio del Interior la remisión de todas las actuaciones administrativas vinculadas al acuerdo, así como los antecedentes, dictámenes y fundamentos que motivaron la decisión de desistir de la acción de lesividad. También pidió que se evalúe la eventual existencia de responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes y, en su caso, la posible comisión de hechos con relevancia penal.
La legisladora rionegrina recordó que el acceso al expediente judicial se encuentra restringido bajo carácter de «reservado», lo que deberá ser considerado para garantizar el control de legalidad y transparencia. Asimismo, señaló que la resolución de 2023 que declaró lesivas las autorizaciones concluyó que los actos administrativos estaban viciados de nulidad absoluta por violación de normativa de orden público en materia de defensa nacional y control de zonas de frontera.
La compra de las tierras se realizó a mediados de la década de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem y con el radicalismo en el gobierno de Río Negro. Odarda advirtió que el acuerdo conciliatorio se firmó sin avances sustanciales hacia la resolución de fondo del conflicto desde 2024.