Un grupo de referentes en derechos humanos, juristas y profesionales de la salud presentó una denuncia penal contra la senadora Carolina Losada por presuntamente impulsar el mito de las falsas denuncias de abuso sexual y coaccionar a profesionales de la salud para que no atiendan a víctimas.
Un amplio arco de referentes de derechos humanos, juristas y profesionales de la salud presentó una denuncia penal contra la senadora Carolina Losada por presuntamente orquestar un plan para instalar el mito de que existen falsas denuncias contra abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes, y por coaccionar a profesionales de la salud para que no atiendan a víctimas de abuso sexual.
“Las denuncias falsas no existen. Lo que hay es falta de denuncias y esto es porque denunciar es un laberinto cruel, caro y en general muy poco exitoso”, señaló una de las denunciantes. La denuncia fue presentada ante la justicia federal y alcanza también al senador Juan Carlos Pagotto y al exministro Mariano Cúneo Libarona.
La denuncia está encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos, y fue firmada por una larga lista de referentes en derechos humanos, entre ellos Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira, Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.
Se acusa a Losada de liderar una operación sistemática destinada a intimidar a profesionales que asisten a niños víctimas de abusos sexuales y de realizar apología del crimen al ensalzar a condenados por pedofilia. Los delitos mencionados son: coacciones, encubrimiento agravado, apología del crimen, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
La maniobra, según la denuncia, opera simultáneamente en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe, pero tiene efectos en todo el país. El epicentro sería el despacho de la senadora santafesina, quien impulsa un proyecto de ley que ya fracasó dos veces, basado “en un fenómeno inexistente en la República Argentina”.
“Hay dos situaciones muy concretas que impulsan la presentación de esta denuncia. Una tiene que ver con detener el proceso que llevaría a convertir en ley un instrumento legal al servicio de castigar, disciplinar y volver a invisibilizar las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, dijo Hendel a Página/12. “En segundo lugar, esta denuncia invisibiliza a quienes están promoviendo esta ley lo que buscan es garantizar la impunidad de los violentos, algo que el sistema judicial desde su profunda misoginia viene demostrando desde hace mucho tiempo”, agregó.
“Carolina Losada está llevando adelante un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales”, sostiene la denuncia. Además, “la operación se dirige a presionar a los tribunales” que tienen que resolver casos que todavía no están firmes en el ámbito penal o que están en trámite ante los fueros de familia.
Los firmantes recuerdan que las llamadas “falsas denuncias” en el exterior del país son estadísticamente insignificantes; en España, por ejemplo, las investigaciones del Consejo de Estado informaron entre 2009 y 2021 que, sobre 1.055.912 casos de violencia de género, las falsas denuncias representaron el 0,0084%. En Argentina, las falsas denuncias ya están previstas en la ley desde 1949 y, aunque no hay estadísticas oficiales, se manejan cifras por debajo del 1%, referidas mayormente a delitos económicos. Respecto de la falsa denuncia de abusos sexuales contra las infancias y adolescencias, “no hay un solo caso”, apuntan.
También acusan a Losada de hacer un “inédito desfile de pedófilos” por el Senado, “a quienes atribuyó la calidad de héroes que resultan víctimas del ‘hembrismo’”. Entre ellos, Diego Guacci, exentrenador de la Selección Argentina de fútbol femenino. Ninguno de esos casos resultó ser una falsa denuncia. La denuncia también señala que se fomentaron revictimizaciones públicas, como el caso de Jazmín Carro, una joven que fue llevada al estrado del Senado en noviembre de 2024 para retractarse de haber denunciado a su padre, quien ya estaba condenado a 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante e incesto, y el de jugadoras de fútbol.