La administración nacional recortó $78.000 millones para universidades y organismos científicos, según una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial. El presupuesto para ciencia y tecnología alcanzaría su nivel más bajo desde 1972.
El Gobierno nacional, a través de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial, realizó un nuevo ajuste al presupuesto de las universidades, el Conicet y otros organismos científicos, por un total de casi $110.000 millones. De ese monto, $78.000 millones corresponden a recortes en educación pública y ciencia, mientras que la asignación para infraestructura universitaria se redujo un 60%.
La medida afecta a entidades como la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el INTA, cuyos fondos cayeron entre un 47% y un 61% respecto a años anteriores. Además, se eliminaron partidas para becas de investigación, proyectos nucleares, digitalización y compra de libros.
Según fuentes oficiales, el ajuste responde a la necesidad de «atender la exigencia de cubrir leyes que no tienen un respaldo financiero», en referencia a la Ley de Financiamiento Universitario, que el Ejecutivo no aplica pese a su aprobación en el Congreso. La decisión se conoce en la víspera de la cuarta marcha federal universitaria, convocada para este martes bajo la consigna de la crisis presupuestaria.
En el área de ciencia y tecnología, la Función Ciencia y Técnica (FCyT) registró una caída del 39,3% en el primer cuatrimestre respecto al mismo período de 2023. De mantenerse la tendencia, el presupuesto del sector cerraría el año en un 0,149% del PBI, el nivel más bajo desde 1972, inferior incluso al de la crisis de 2002 (0,177%) y al del inicio de la dictadura de 1976 (0,194%).
El poder adquisitivo de salarios y becas del Conicet se redujo un 40,3% desde noviembre de 2023, y la Agencia I+D+i, principal fondo sectorial de inversión, sufrió una caída del 86,3% en tres años. Además, del presupuesto ejecutado en transferencias, el 43,3% figura como deuda flotante, es decir, fondos aprobados pero no pagados.