Mediante la decisión administrativa 20, el Ejecutivo nacional realizó un recorte de casi 2,5 billones de pesos que impacta en energía, obra pública, salud, educación y transferencias a las provincias.
El gobierno de Javier Milei publicó un decreto que, bajo un lenguaje técnico y con aparentes ampliaciones presupuestarias, esconde un ajuste de casi 2,5 billones de pesos (unos 1.800 millones de dólares al tipo de cambio mayorista). La medida, formalizada a través de la decisión administrativa 20 y sus anexos, recorta partidas en áreas sensibles como Defensa, Seguridad, energía, obra pública, salud, educación y programas sociales.
Si bien el texto principal del decreto destaca ampliaciones en partidas previsionales de ANSES por 500.000 millones de pesos, los anexos revelan una poda mucho mayor. Por cada peso que se suma a jubilaciones, se recortan casi cinco en otras áreas. El corazón del ajuste está en Obligaciones a Cargo del Tesoro, con una reducción de 1,47 billones de pesos.
Entre los sectores más afectados se encuentran Energía Argentina (pérdida de 200.000 millones), la Dirección Nacional de Vialidad (97.103 millones), el Programa Federal de Infraestructura Deportiva (320.670 millones) y las transferencias a provincias (155.710 millones). También se registran recortes en salud (63.021 millones), educación (78.711 millones) y programas sociales de Capital Humano.
La medida se da en un contexto de debilitamiento de la recaudación por la caída de la actividad económica, lo que obliga al equipo económico a profundizar los recortes para sostener el superávit fiscal, principal activo político y financiero del Gobierno.