Una cautelar ordenó suspender los efectos de la Resolución 42/26 y garantizar la ocupación efectiva de los trabajadores del organismo.
La Justicia Federal hizo lugar parcialmente a una medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) suspender la aplicación de la Resolución 42/2026, cuestionada por el sindicato por habilitar el vaciamiento del organismo y afectar puestos de trabajo.
La resolución fue firmada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, en el marco de un amparo impulsado por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El fallo ordena al INTI abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo derivado de la Resolución 42/2026, incluyendo “la cesación, transferencia o modificación” de servicios sistematizados, así como movimientos o reubicaciones de equipamiento técnico. Además, dispone “la garantía de ocupación efectiva de todos los agentes cuyas funciones resultan afectadas, con mantenimiento pleno de sus categorías, remuneraciones y condiciones de trabajo”.
La cautelar también establece la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del INTI, mientras se resuelve la cuestión de fondo.
En su presentación judicial, ATE había solicitado la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 42/2026 al considerar que implicaba “la cesación de cientos de servicios sistematizados”, el vaciamiento de funciones esenciales del organismo y la afectación directa de la estabilidad laboral de los trabajadores.
El magistrado sostuvo que, en esta etapa preliminar, se encuentran acreditados los requisitos para dictar la medida de no innovar y advirtió sobre el posible daño irreparable derivado de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales de las condiciones laborales.
Tras conocerse la decisión judicial, Aguiar celebró el fallo y afirmó: “Lo dijimos mil veces, no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional. Este es un avance significativo en la lucha contra los despidos ilegales y el desguace estatal”. Además, agregó: “Se están debilitando, la tortilla se empezó a dar vuelta y vamos por más. Prepárense”.
La medida cautelar tendrá una vigencia de seis meses desde su notificación.