Organizaciones feministas y ciudadanos se congregaron este miércoles frente al Congreso de la Nación y en varias provincias, incluido Chaco, para reclamar por políticas contra la violencia de género.
Este miércoles por la tarde, una concentración frente al Congreso de la Nación reunió a manifestantes que reclamaron por políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres y diversidades. La movilización se replicó en ciudades como Resistencia (Chaco), Córdoba, Rosario y Posadas (Misiones), entre otras.
Los recientes femicidios de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y de Dulce Candia, de 17, en Misiones, reavivaron el debate sobre la violencia de género y las cifras de femicidios, que se mantienen estables desde que hay registros oficiales.
En Córdoba, agrupaciones feministas y personas se congregaron desde media tarde frente al Palacio Legislativo bajo la lluvia, marchando hacia el Patio Olmos. En el documento leído, exigieron la renuncia del ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por “la desidia organizada del Poder Judicial”. También mencionaron los femicidios de Noelia Romero (Temperley) y las búsquedas de Camila Maidana (Chubut) y Delicia Mamani (Córdoba).
En Rosario, cientos de mujeres se reunieron en la plaza 25 de Mayo para marchar contra la violencia machista y el desmantelamiento de programas nacionales de prevención. La marcha culminó en la plaza San Martín con la lectura de un documento consensuado por organizaciones feministas y de la diversidad.
En Misiones, cientos de personas marcharon desde el mástil de avenidas Mitre y Uruguay hasta la plaza 9 de Julio en Posadas, convocando a organizaciones sociales, colectivos feministas, familiares de víctimas, estudiantes y vecinos. Los casos de Dulce Candia y Agostina Vega reavivaron las demandas por políticas de prevención y respuestas judiciales más efectivas.
En el documento leído, Ni Una Menos rechazó el proyecto de “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada y sus aliados del gobierno, al que calificaron como un intento de “blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian”. Ratificaron su compromiso de alzar la voz contra los abusos sexuales y denunciaron la separación de la niña Arcoiris de su entorno protegido en La Rioja, así como la violencia vicaria contra Alexandra Sabio en Neuquén.