El abogado Ricardo Marimón informó el lanzamiento de una diplomatura en la UNCAus destinada a ópticos y advirtió sobre la falta de difusión de normativas para consumidores vulnerables en localidades chaqueñas alejadas.
El abogado especializado en derechos del consumidor Ricardo Marimón anunció este miércoles el lanzamiento en agosto de una diplomatura en la UNCAus destinada a estudiantes y profesionales de la carrera de ópticos para abordar la problemática de la salud visual y la comercialización ilegal de anteojos pregraduados. Marimón señaló la importancia de concientizar a la población sobre los riesgos de adquirir estos elementos en comercios no habilitados.
Marimón manifestó su preocupación por la falta de difusión de normativas nacionales recientes, en particular la disposición 137 del 2024 de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, que reemplazó el régimen anterior de protección para los denominados “hipervulnerables”. Según su análisis, esta carencia informativa se profundiza en zonas rurales y localidades alejadas de centros urbanos.
El abogado afirmó: “En el interior de la provincia del Chaco es necesario que se haga un trabajo de docencia sobre este tema, porque nuestros vulnerables en desventaja crecen a medida que la situación económica en el país los agobia”. También señaló que las plataformas virtuales generan abusos por falta de prevención, escasez de información transparente y dificultad para tramitar reclamos ante la desaparición de oficinas físicas. Recomendó la cooperación con cuerpos especializados de la policía provincial dedicados a combatir estafas virtuales.
En relación con la digitalización de canales institucionales, Marimón sostuvo que el Estado obliga a realizar trámites mediante herramientas virtuales sin evaluar la conectividad o el nivel de alfabetización digital de la población. Preguntó: “¿Cuántos de nuestros consumidores, del impenetrable chaqueño, saben manejar las redes para hacer un reclamo de manera virtual?”.
Finalmente, el especialista respondió consultas sobre garantías legales —seis meses para productos nuevos y tres meses para bienes usados— e inconvenientes para dar de baja servicios contratados. Instó a la población a utilizar las vías formales de defensa del consumidor y concluyó: “Por más normas que tengamos y que sean muy buenas, si no se aplican y no se educa al soberano, siempre vamos a estar en falta”.