La Corte Suprema rechazó las recusaciones presentadas por el Ejecutivo contra los jueces que intervienen en la causa por la Ley de Financiamiento Universitario.
La Corte Suprema de Justicia rechazó las recusaciones presentadas por el Gobierno nacional contra los jueces que intervienen en la causa por el financiamiento de las universidades públicas. La decisión fue firmada por los tres integrantes del tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El Gobierno, a través del decreto 759/2025 firmado por el presidente Javier Milei, había establecido que no aplicaría la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795) hasta que se definieran las fuentes específicas de financiamiento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó un amparo colectivo contra ese decreto y obtuvo una medida cautelar que ordenó al Poder Ejecutivo pagar lo adeudado a las universidades y docentes.
La cautelar fue dictada por el juez Martín Cormick, quien también declaró nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. La decisión fue validada por la Sala III de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, integrada por Sergio Fernández y Alberto Morán.
El Gobierno impugnó a Cormick por ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Avellaneda y en la Universidad Nacional de José C. Paz, y a Fernández por ser docente en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. También planteó que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti debían excusarse por ejercer la docencia universitaria.
En su resolución, la Corte sostuvo que las recusaciones tienen carácter restrictivo, ya que implican sustraer una causa de su juez natural. Señaló que ser docente universitario o percibir un salario por esa tarea no implica un interés personal en la resolución del pleito. Por esa razón, rechazó las recusaciones y ratificó la intervención de Cormick y los jueces de la Cámara, y también rechazó apartarse del expediente.
La decisión se produjo días después de que la Corte recibiera una carta de Amnistía Internacional Argentina, firmada por más de 4.700 personalidades y organizaciones, que pedía una pronta intervención en el expediente. Entre los firmantes se encuentran jueces como Alejandro Slokar y Daniel Rafecas, y juristas como Andrés Gil Domínguez, Roberto Gargarella y Dora Barrancos.
En paralelo, la comunidad educativa del colegio Carlos Pellegrini impulsa un petitorio para ser presentado ante la Corte.