El Gobierno oficializó la reducción gradual de derechos de exportación para el agro y la industria. El ministro Luis Caputo reconoció que continuar el ajuste del gasto público es cada vez más difícil y que se necesita aumentar la recaudación para sostener el superávit fiscal.
Este miércoles, el Gobierno oficializó la reducción gradual de derechos de exportación para el agro y la industria. La ejecución escalonada responde, según el ministro de Economía Luis Caputo, a que “en el 2026, esencialmente por un tema de caja, no teníamos espacio presupuestario”.
El diagnóstico se basa en datos que muestran que el alivio tributario y el ancla fiscal se vuelven incompatibles ante la debilidad de los ingresos tributarios. La caída real interanual de 9 meses consecutivos se revirtió en mayo por vencimientos de Ganancias de firmas del ejercicio 2025, y hay poco margen para seguir recortando el gasto público.
El año pasado, las erogaciones primarias del sector público nacional cerraron en 14,6% del PIB, la menor participación en el Producto desde 2006. El Presupuesto 2026 estipula que baje este año a 14,1% del PIB. Las principales partidas muestran una marcada tendencia descendente a partir de 2024, ubicándose en niveles mínimos de los últimos 10 años.
Al comparar el gasto primario del primer cuatrimestre de 2026 (acumulado 12 meses sobre PBI), se encuentra 5 puntos porcentuales por debajo del promedio de la última década, explicados mayormente por recortes en: jubilaciones y pensiones contributivas (-1 p.p.), gastos de capital (-0,9 p.p.), subsidios a la energía (-0,7 p.p.), salarios públicos (-0,6 p.p.) y transferencias corrientes a provincias (-0,4 p.p.).
El ministro de Economía afirmó: “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil…”.
Además, la mitad de las erogaciones primarias (jubilaciones, pensiones contributivas y no contributivas, y asignaciones familiares) están indexadas a la inflación con cierto rezago, por lo que si el proceso de desinflación se reanuda, dichos gastos crecerían en términos reales. En lo que resta del año se espera el impacto de las nuevas alícuotas para las retenciones (US$ 32 millones para el agro y US$ 25 millones para la industria) y la implementación del FAL a partir de noviembre, que implicará una pérdida de recursos de Anses de 0,05% del PBI.
Ante este escenario, se abren dos caminos para preservar el equilibrio fiscal: compensar con nuevos recortes de gasto en los demás rubros o ampliar ingresos. El ajuste a universidades, salud y discapacitados ha generado protestas sociales; los subsidios al transporte y la energía vienen creciendo en términos reales pese al aumento de tarifas; y el gasto de capital del sector público nacional ya se ha reducido a su mínima expresión.
La segunda alternativa requiere que la actividad económica crezca en la mayoría de los sectores (no solo en minería, energía y agropecuario). De lo contrario, la única forma de apuntalar ingresos sería vía privatizaciones o una mayor tributación.
En lo que va del año, los ingresos extraordinarios han sostenido buena parte del superávit primario, pero la mayoría de las privatizaciones programadas aún esperan la presentación de ofertas, salvo Transener, cuya liquidación de US$ 356 millones se reflejaría en el resultado fiscal de mayo.
La estrategia para apuntalar ingresos sin subir alícuotas en el corto plazo es mejorar la recaudación como consecuencia de la formalización y/o el crecimiento económico. El PIB excluyendo sectores primarios mostró estancamiento en los últimos 12 meses. Los tributos vinculados a la actividad quedaron por debajo de dicha trayectoria, lo que puede ser señal de mayor informalidad y/o elusión fiscal.
El FMI instó a presentar un plan de reforma tributaria con impacto fiscal neutro que promueva un mayor nivel de actividad e inversión. La propuesta del Fondo es compensar la eliminación de impuestos distorsivos (retenciones y a transacciones financieras) con la ampliación de la base impositiva de ganancias a trabajadores y reducciones de exenciones a regímenes específicos.
Esto es relevante para las cuentas públicas subnacionales, cuyo balance primario consolidado fue deficitario en 0,5% del PIB el año pasado según el FMI, frente a un superávit de 0,4% del PIB en 2024. En el primer cuatrimestre, las provincias perdieron ingresos equivalentes a $1,9 billones a precios de abril, representando una caída del 7,3% real respecto a igual período de 2025, explicada en un 75% por la contracción de los recursos coparticipables (-5,8% real) y el desplome de las transferencias corrientes no automáticas (-42,4% real).
La recaudación de Ganancias por el fuerte incremento de utilidades de las empresas en 2025 redujo la pérdida real de ingresos por coparticipación a las provincias: de 5,8% interanual en el primer cuatrimestre a 2,4% interanual en los primeros cinco meses del año.
La emisión de deuda provincial en el mercado internacional de capitales y la autorización de anticipos sobre la coparticipación federal por hasta $400.000 millones para algunas jurisdicciones son paliativos que ayudan a financiar el bache, pero no solucionan el desequilibrio fiscal de fondo de las provincias.
Publicado originalmente en El Economista, por Sofía Mora Paolini y Lorenzo Sigaut Gravina, economistas de Equilibra.