Los investigadores ya accedieron al contenido del teléfono de Matías Tabar, quien declaró haber cobrado USD 245.000 por refacciones en la casa del jefe de Gabinete. También esperan informes contables y sobre comunicaciones.
La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma nuevas pruebas y avanza sobre dos frentes: el análisis de su patrimonio y la causa que examina su vínculo con empresarios que obtuvieron contratos con medios públicos.
En las últimas horas, la Justicia completó la extracción forense del contenido del celular de Matías Tabar, contratista y testigo considerado clave en el expediente por presunto enriquecimiento ilícito. La información ya se encuentra bajo análisis de la fiscalía de Gerardo Pollicita y de los organismos técnicos que colaboran con la investigación.
Tabar entregó voluntariamente su celular cuando declaró ante la Justicia el pasado 5 de mayo. Según sostuvo bajo juramento, cobró USD 245.000 por las refacciones realizadas en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Además, aportó registros de llamadas y mensajes que habría intercambiado con el funcionario antes de su declaración testimonial.
Los investigadores revisan chats, llamadas y comprobantes. El contenido del dispositivo se analizará tanto en la fiscalía como en el Centro de Investigaciones Judiciales, donde se realizó la extracción con participación de un perito designado por la defensa de Adorni.
Fuentes judiciales señalaron que los investigadores ya cuentan con facturas, comprobantes y documentación vinculada a las obras realizadas en la propiedad. Hasta el momento, consideran que la declaración del contratista encuentra respaldo en distintos elementos incorporados al expediente.
En paralelo, el fiscal Pollicita espera un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo dependiente de la Procuración General. El estudio busca determinar si existe una diferencia significativa entre los ingresos declarados por Adorni y los gastos o inversiones detectados por los investigadores. El resultado permitirá establecer la magnitud de un eventual incremento patrimonial injustificado.
Con esa información, la fiscalía prepara un requerimiento de justificación patrimonial para que el jefe de Gabinete explique el origen de los fondos observados. Si las explicaciones resultan insuficientes, la Justicia podría avanzar hacia una declaración indagatoria. Fuentes del caso estiman que los informes técnicos estarán finalizados entre fines de junio y las primeras semanas de julio.
Mientras la investigación avanza, el Gobierno todavía no confirmó cuándo Adorni presentará su declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2025. Aunque el plazo legal vence el 31 de julio, desde Casa Rosada reconocen que aún no existe una fecha definida para su publicación, aunque indican que “probablemente” sea la semana próxima. La demora se convirtió en un foco de tensión política dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich reclamó públicamente la presentación del documento y difundió su propia declaración jurada antes que el jefe de Gabinete.
El presidente Javier Milei había asegurado semanas atrás que Adorni ya contaba con toda la información necesaria para completar el trámite, lo que alimentó versiones sobre una presentación inminente que finalmente no se concretó.
Además del expediente patrimonial, el juez Ariel Lijo impulsa otra investigación por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública y posible recepción de dádivas. La causa se centra en la relación entre Adorni y el empresario Marcelo Grandio, vinculado a la productora ImHouse, firma que obtuvo seis contratos con medios públicos durante la actual gestión.
Como parte de la investigación, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) analiza cruces telefónicos entre Grandio, su socio Horacio Silva y otros actores involucrados. Los investigadores intentan determinar si existieron contactos que coincidan con las adjudicaciones de contratos y si Adorni tuvo algún grado de intervención para beneficiar a personas de su entorno.
Uno de los episodios bajo análisis es el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el último feriado de Carnaval. Según la investigación, los pasajes en avión privado costaron USD 7.830 y habrían sido abonados por Grandio e ImHouse. El jefe de Gabinete aseguró públicamente que pagó su parte del viaje, aunque hasta el momento la causa no incorporó documentación que acredite esa operación.
Con los informes patrimoniales y de comunicaciones en etapa final, la Justicia se acerca a una instancia decisiva para definir si existen elementos suficientes para avanzar formalmente contra uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.