El secretario Adjunto de la Unión del Personal Civil de la Provincia, Gustavo Gómez, presentó un reclamo ante la Dirección Provincial de Trabajo por la continuidad de la intervención dispuesta en 2024, la designación de personas ajenas al organismo y la falta de respuestas oficiales.
En los estudios de CIUDAD TV, el secretario Adjunto de la Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), Gustavo Gómez, se refirió al reclamo que llevan adelante ante la Dirección Provincial de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno, frente a “una serie de irregularidades que se han sostenido en el tiempo”.
De manera puntual, mencionó que a través del decreto 1150/2024 se dispuso la intervención del organismo y se designó “a una persona ajena de esa dependencia”. “En ese entonces, la persona que fue designada era del Poder Legislativo lo que vulneró de manera grosera la carrera administrativa de los compañeros que hace años se desempeñan en esa función; hay muchos profesionales que cuentan con experiencia y están capacitados y apelaron a designar a alguien ajeno. Lo más grave de todo es que esa intervención se ha prolongado en el tiempo de manera infundada”, sostuvo el referente.
Explicó que cuando se dispone de una intervención en determinada dependencia “es porque hay una irregularidad que se debe poner de manifiesto”. Sin embargo, dijo que hasta el día de la fecha y pese a los reiterados reclamos que se formularon desde la entidad sindical “no hemos tenido respuesta”. “Queremos saber en qué se avanzó, cuáles son las presuntas causas, quiénes son los presuntos responsables. Es ilógico que este organismo siga intervenido y como consecuencia trae aparejado la desfuncionalización del mismo”.
Indicó que el organismo se encuentra intervenido desde principios de 2024, “dos años y medio con diversas personas designadas en el cargo de interventor. Se agota una figura, creo yo ante la incapacidad de poder resolver las cuestiones, designan un nuevo interventor y los reclamos que se formularon vuelven a foja cero. Tres interventores han sido designados y lo más llamativo es que ninguno pertenecía a la Dirección Provincial del Trabajo sino que transferían a personas con escasa experiencia en la materia porque se los justificaría si tuviesen un currículum que muestre a un especialista en derecho del trabajo o que ejerció la representación en alguna otra dependencia. Pero no, nada en absoluto, infundadas las designaciones”, rechazó.
Aseguró que no es una cuestión que se circunscriba solamente a los trabajadores de la administración pública, dado que la Dirección Provincial del Trabajo es un órgano de contralor que se ocupa de visitar o efectuar inspecciones en los diferentes establecimientos donde hay trabajadores del sector privado para controlar que cumpla con la carga horaria, que estén registrados, que no haya irregularidades y se garanticen las condiciones de seguridad, salubridad”.
“El hecho de que esta dependencia hoy esté desfuncionalizada afecta a la comunidad de manera directa. Los trabajadores hoy, el sector privado, no cuentan con el organismo que debe velar por sus intereses. Esa es la gravedad de esta intervención”, sostuvo.
Además de esta cuestión que calificó “de gravedad”, aportó que se dieron “múltiples hechos de igual gravedad porque se ha separado de sus cargos a Jefes de Departamentos, se iniciaron informaciones sumarias que tampoco tienen sustento o una base para sostenerlas. se llevan adelante traslados compulsivos de compañeros a otras direcciones o subsecretarías y no se brindan explicaciones a los trabajadores que son los que día a día sostienen a ese organismo”.
Aseguró que “invocan formas genéricas para sostener estos actos administrativos, pero cuando uno formalmente solicita que se explique cuál es la presunta irregularidad no hay respuesta”.
El dirigente de la UPCP, indicó que como gremio “hemos formulado múltiples reclamos al nuevo Ministro de Gobierno y también reiteramos los pedidos. En un primer momento manifestó que habría mayor apertura al diálogo y hasta el día de la fecha eso no se ha materializado. Hubo una sola audiencia en donde no se abordó tema prácticamente”.
“Seguimos a la espera, formulando los reclamos, procurando visibilizar esta situación irregular porque no solamente afecta al empleado público sino que repercute de manera directa a los trabajadores de toda la sociedad de la provincia del Chaco”, aseguró.
Hoy, en este organismo provincial, prestan servicio más de 100 trabajadores. “La Dirección Provincial del Trabajo es un organismo que está disperso por toda la provincia, tiene dependencias en las principales localidades y se ocupa de estas labores de fiscalizaciones, se supone, en todo el territorio”, dijo y agregó que en esta coyuntura tampoco se provee a los trabajadores de las herramientas para poder llevar adelante su labor.