El Ministerio Público Fiscal solicitó 14 años de prisión para el productor agropecuario Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, acusado de organizar y financiar tráfico de estupefacientes entre 2019 y 2024 en Paraná y Diamante, Entre Ríos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó hoy que se condene a 14 años de prisión al productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, acusado de haber organizado y financiado maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, provincia de Entre Ríos.
Según la imputación, las operaciones se desarrollaban desde campos del imputado, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas con cocaína y de los que partían lanchas destinadas a su distribución.
El requerimiento fue formulado por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por las juezas Noemí Marta Berros (presidenta), Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
Los representantes del MPF también pidieron condenas de entre 3 y 7 años de prisión para otros ocho imputados vinculados a la organización narcocriminal que están siendo juzgados en el mismo debate.
Al fundamentar el pedido de 14 años de prisión, los fiscales señalaron como agravantes la cantidad, variedad y calidad de estupefacientes involucrados, la utilización de aeronaves para el tráfico transnacional, los medios violentos que Airaldi habría desplegado para sostener la organización, y la posibilidad cierta que tenía de ganarse la vida por vías lícitas mediante su actividad agropecuaria.
Asimismo, solicitaron el decomiso de su estancia “El Mirador”, al considerar que fue utilizada “como un instrumento para la comisión de este delito”, por su extensión, ubicación estratégica sobre la costa del río y las dificultades de acceso al lugar.
Airaldi presenció el alegato fiscal conectado por medios remotos desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde febrero de 2026 bajo el régimen del Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), debido a que es investigado en otra causa por su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el fiscal general Candioti y el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia.
Entre las maniobras atribuidas a Airaldi se encuentra una investigación iniciada en la justicia federal de Santa Fe, en la que en 2022 se secuestraron 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, departamento San Jerónimo.
Durante el alegato, Candioti sostuvo que la responsabilidad de Airaldi quedó acreditada con la prueba incorporada al debate. Afirmó que la investigación se inició en 2019 a partir de denuncias de vecinos que vinculaban a Airaldi con actividades de narcotráfico en un campo de su propiedad.
“Los vecinos fueron concretos diciendo que había una pista de aterrizaje clandestina y ahí llegaba el estupefaciente”, indicó. Agregó que esa información fue corroborada mediante registros con drones y fotografías que documentaron movimientos de aeronaves.
Candioti también señaló que Airaldi contaba con “cobertura policial”, según informes de la Policía de Entre Ríos y la Policía Federal Argentina.
Por su parte, Uriona sostuvo que la prueba acreditó que Airaldi impartía directivas, ejercía control territorial y recurría a mecanismos violentos para sostener la organización. Mencionó su intervención en el almacenamiento de 29,5 kilogramos de cocaína hallada en Puerto Gaboto.
Los fiscales destacaron el valor probatorio de las intervenciones telefónicas y mensajes recuperados, que revelaron un lenguaje codificado con términos como “maples”, “novillitos” y “lomos” para referirse a los estupefacientes. Candioti afirmó que “no hay dudas de que hablaban de estupefacientes”.
En cuanto a los demás acusados, el MPF solicitó condenas de 7 años para Juan Andrés Erbes; 6 años y 4 meses para Sebastián Agustín Armocida; 6 años para Roberto Fabián Coronel; 4 años y 6 meses para Joel Schonfeld; 3 años y 3 meses para María Soledad Touzet; 3 años y 2 meses para Walter Olivero; y 3 años de ejecución condicional para Cristian Sánchez y Marino Martínez.
El debate comenzó el 3 de marzo y, a lo largo de trece audiencias, declararon más de cincuenta testigos de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina.
Las audiencias continuarán el 1°, 30 y 31 de julio con los alegatos de las defensas. El Tribunal Oral Federal de Paraná tiene previsto dar a conocer el veredicto el próximo 13 de agosto.