Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA calculó que el presupuesto destinado a Educación y Cultura cayó un 47,7% en términos reales durante 2024 y 2025.
Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) indicó que el presupuesto nacional destinado a la función Educación y Cultura se redujo un 47,7% en términos reales entre 2024 y 2025. El informe fue difundido en el marco del debate sobre los modelos de financiamiento educativo.
Según el IIEP, en 2024 la función Educación y Cultura presentó una contracción real del 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el Producto Bruto Interno (PBI) en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales. La caída se explica, en gran medida, por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios docentes en las provincias. Como consecuencia, las jurisdicciones provinciales debieron asumir una mayor responsabilidad financiera.
En 2025, el retroceso real fue del 7,9% interanual. El informe señaló que el ajuste se concentró en transferencias a universidades y provincias, así como en programas de apoyo a estudiantes. Las transferencias para el financiamiento universitario (programa Desarrollo de la Educación Superior) cayeron un 5,4% real; las becas estudiantiles, un 42,5%; y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, un 49,5%. La excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución.
De mantenerse las partidas presupuestarias vigentes, el IIEP proyectó para 2026 un nuevo descenso real del 12,7%, lo que acumularía tres años consecutivos de variaciones negativas. En ese escenario, la participación de Educación y Cultura en el PBI y en el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) alcanzaría mínimos históricos.
El informe también analizó los modelos de financiamiento. Históricamente, el sistema se organizó en torno a un esquema de oferta, donde los recursos se asignan a sistemas provinciales e instituciones para garantizar infraestructura, cargos docentes y salarios. En contraste, la asignación por demanda, basada en cuasi-mercados educativos, transfiere recursos a familias o estudiantes para que elijan entre distintos proveedores. El IIEP sostuvo que, en contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula y ampliación de brechas.
El Gobierno promueve la discusión sobre vouchers, becas o transferencias directas a familias. Desde 2024 se aplican vouchers para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, que alcanzaron a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025. El IIEP subrayó que esta iniciativa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento de la estatal. Además, en 2023 se habilitó la deducción en el impuesto a las Ganancias de gastos escolares privados, beneficio fiscal que favorece a sectores de mayores ingresos.
El proyecto de “Libertad Educativa” propone transferencias a instituciones privadas. El IIEP señaló que, si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría un refuerzo al financiamiento de escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública, lo que podría profundizar la segmentación del sistema.
El informe concluyó que estas políticas podrían contribuir a reforzar las desigualdades territoriales en materia de capacidad de financiamiento, ya que algunas jurisdicciones con mayor matrícula de gestión privada son aquellas con mayor disponibilidad presupuestaria.