El Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió a un comerciante de Juan José Castelli que tenía más de dos kilos de marihuana, al considerar que actuó sin dolo, convencido de participar en un proyecto legal de cannabis medicinal. Además, ordenó investigar una presunta faltante de dinero incautado.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó este miércoles la absolución de un comerciante de Juan José Castelli que había sido imputado por presunta siembra y comercialización de marihuana. La sentencia, a la que tuvo acceso Litigio, se basó en el beneficio de la duda y en el retiro de la acusación por parte de la fiscalía, al comprobarse que el acusado actuaba bajo la legítima creencia de participar en un proyecto legal de cannabis medicinal ligado a las normativas del INASE.
El caso se inició en marzo de 2024, cuando la División Antidrogas de Gendarmería Nacional allanó la vivienda del imputado a raíz de una denuncia anónima recibida por correo electrónico. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron 329 plantines, 223 plantas desarrolladas de cannabis y ramas secas que arrojaron un peso de poco más de dos kilogramos de marihuana, además de aceites, cremas, un teléfono celular y dinero en efectivo.
En el juicio, el comerciante sostuvo que se desempeñaba como encargado del vivero bajo una relación contractual con un productor de La Plata. El organizador del proyecto, anotado ante los organismos reguladores para la investigación de fitomejoramiento, ratificó la existencia del vínculo comercial, aunque aclaró que tiempo después decidió no avanzar con la iniciativa debido a que el lugar no prosperó con las condiciones adecuadas. El imputado nunca fue notificado de que el proyecto se había discontinuado, por lo que consideró de buena fe que su actividad se mantenía vigente.
Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal consideró verosímiles los dichos del acusado y criticó la investigación previa, señalando que la fuerza de seguridad se limitó a reproducir antecedentes sin profundizar en la verificación de los hechos actuales ni en el marco legal del Reprocann y el INASE. Ante la falta de pruebas que demostraran dolo o intenciones comerciales ilegales, el fiscal solicitó la absolución por el beneficio de la duda.
La sentencia judicial ordenó hacer lugar al retiro de la acusación fiscal y absolver de culpa y cargo al comerciante. Asimismo, el magistrado dispuso la posterior destrucción del material vegetal incautado y la devolución del teléfono y el dinero secuestrado una vez que el fallo quede firme. Además, el tribunal ordenó enviar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para investigar penalmente una presunta faltante de dinero del secuestro original que fuera denunciada públicamente por el imputado durante la audiencia de debate.