UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Nutrición se manifestaron en contra de la iniciativa del presidente. Durante un conversatorio, advirtieron sobre el lobby de la industria alimenticia y destacaron beneficios fiscales de la normativa.
UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Nutrición se expresaron en contra de la derogación de la ley de Etiquetado Frontal de alimentos que impulsa el presidente Javier Milei. Durante un conversatorio realizado este lunes, del que participaron referentes del mundo académico, legislativo y de la sociedad civil, los especialistas alertaron sobre el lobby de la industria alimenticia y señalaron que la ley es beneficiosa para el equilibrio fiscal.
Rafael Ramírez, representante de UNICEF Argentina, indicó que el disparador del coloquio fue el proyecto de ley presentado por Milei en el Senado, que busca derogar la normativa sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. Ramírez afirmó que el objetivo es que “haya plena conciencia de la decisión que se está tomando”.
La ley de Etiquetado Frontal obliga a los productores de alimentos y bebidas envasadas a incluir octógonos negros en sus envases para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías. La postura de UNICEF es que “cualquier revisión del marco normativo nacional en materia alimentaria y nutricional debería asegurar que las herramientas conducentes a una alimentación saludable se mantengan y fortalezcan”.
Mauro Brero, asesor Senior en Nutrición de UNICEF, destacó que 2025 marcó un “momento histórico” al registrarse, por primera vez a nivel mundial, más niños con obesidad que con bajo peso. Brero señaló que entre 2000 y 2025 se triplicó el número de niños con obesidad a nivel global. Los principales determinantes de la malnutrición, según el especialista, son la oferta excesiva de productos no saludables y la información asimétrica, aspectos que la ley argentina aborda al prohibir personajes infantiles y promesas de regalos en envases con sellos.
Brero también se refirió al equilibrio fiscal: citó un estudio de México que indica que un niño con obesidad representa un costo para el Estado de aproximadamente 200.000 dólares a lo largo de su vida. “Se necesitan leyes para proteger la buena alimentación”, sostuvo, y alertó sobre las interferencias de la industria alimentaria en las políticas públicas. Fuentes de la Casa Rosada reconocieron a Ámbito que el impulso de la iniciativa responde, en parte, a presiones de la industria alimenticia.
Gabriela Pacheco, representante de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN), afirmó: “Toda ley es perfectible, no apoyamos la derogación”. Sugirió reforzar la educación alimentaria y extender la implementación a espacios como clubes. María Araujo, de la Sociedad Argentina de Pediatría, señaló que el etiquetado es valorado por las familias como una herramienta útil, pero indicó que hace falta fortalecer la educación alimentaria y los controles, ya que en varias provincias no se cumple en kioscos escolares.
Camila Corvalán, del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, expuso sobre el caso chileno, primer país de la región en implementar el etiquetado frontal hace 10 años. Corvalán destacó que la ley generó una disminución importante de sodio y azúcar en los productos y que los consumidores compran alimentos más saludables. Señaló que la ley fue implementada durante el gobierno de derecha de Sebastián Piñera, y que “prevaleció el objetivo de salud pública”.
Según datos de UNICEF, Argentina es el tercer país de América Latina en prevalencia de exceso de peso en menores de 5 años. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019 indica que el 41,1% de la población de 5 a 17 años presenta exceso de peso.