El Centro de Estudios Legales y Sociales y la familia del fotógrafo Pablo Grillo publicaron documentos sobre el estado de la causa que investiga la jueza María Servini de Cubría.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la familia del fotógrafo Pablo Grillo, herido durante una protesta frente al Congreso el 12 de marzo de 2025, publicaron este viernes documentos sobre el estado de la causa que investiga la jueza María Servini de Cubría.
En un comunicado, la familia Grillo afirmó que la Gendarmería Nacional omitió la hora exacta del ataque en sus reportes oficiales, lo que calificaron como un error. La familia sostuvo que se ocultan comunicaciones y registros, y preguntó: «¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?». Indicaron que el fotógrafo está mejorando y que confían en que el Gobierno opte por la transparencia total.
La misiva expresó malestar por la falta de claridad en la investigación judicial. La omisión de datos por parte de Gendarmería fue vista como un intento de encubrimiento. La familia hizo un llamado a la solidaridad ciudadana y concluyó: «El que nada teme nada oculta».
El documento del CELS detalló la cronología del caso. El 12 de marzo de 2025, Pablo Grillo, fotorreportero de 40 años, cubría una manifestación de jubilados frente al Congreso Nacional cuando recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. El proyectil le provocó fractura de cráneo, hematomas subdurales y pérdida de masa encefálica. Las pericias médicas determinaron que las lesiones pusieron en peligro su vida. Grillo permaneció casi tres meses en terapia intensiva y continúa en rehabilitación con pronóstico reservado. La investigación identificó al responsable material: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina.
El texto del CELS señaló que los hechos ocurrieron en la quinta movilización de jubilados en 2025, caracterizadas por operativos violentos de las fuerzas de seguridad. Ese día, Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía de la Ciudad desplegaron un operativo que dejó más de cien detenidos y un centenar de heridos. La represión comenzó una hora antes del inicio de la protesta, sin que se registraran actos de violencia por parte de los manifestantes. El accionar se justificó bajo el «Protocolo anti-piquetes» (resolución 943/23), cuestionado por su inconstitucionalidad.