La CTA Autónoma criticó al Gobierno nacional tras la publicación del Decreto 612/26, que modifica el cálculo de los aportes sindicales. La organización advirtió que la medida restringe el financiamiento de los sindicatos.
La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA Autónoma) cuestionó al Gobierno nacional por la publicación del Decreto 612/26, que establece cambios en el cálculo de los aportes sindicales. La organización señaló que la norma limita el financiamiento de las organizaciones sindicales.
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, declaró: “Con un nuevo decreto, el Gobierno ataca la capacidad de acción colectiva de los trabajadores”. Consideró que la medida forma parte de una estrategia para debilitar la organización sindical.
Godoy afirmó: “El Decreto 612/26 forma parte del ataque del Gobierno a la capacidad de acción colectiva de los trabajadores, al dificultar la obtención de recursos para el funcionamiento de las organizaciones sindicales, en particular los provenientes de los aportes pactados en los convenios colectivos de trabajo”.
El dirigente recordó que la Reforma Laboral ya había fijado un tope del 2% de las remuneraciones para los “aportes solidarios”. Sostuvo que la medida actual profundiza esa restricción al establecer que ese porcentaje debe calcularse sobre el salario básico de convenio, que es inferior a la remuneración total de cada trabajador.
Godoy indicó que el nuevo decreto excluye del cálculo conceptos como horas extras, aguinaldo y premios por producción. “Ahora el tope del 2% debe calcularse sobre el salario básico de convenio con más los adicionales de periodicidad mensual y de base convencional (antigüedad, presentismo, bonificación por título, etc.), pero quedan afuera otros rubros que forman parte de la remuneración de un trabajador”, explicó.
Asimismo, Godoy afirmó que tanto el Decreto 407/26 como el Decreto 612/26 son inconstitucionales. “La diferencia es que la inconstitucionalidad era más evidente en el caso del Decreto 407/26 que en el del Decreto 612/26. En otras palabras, el Gobierno sigue intentando restringir las posibilidades de financiamiento de las organizaciones sindicales, como parte de un ataque que comenzó con el DNU 70/23, cuya impugnación judicial continúa a la espera de una sentencia de la Corte Suprema”, expresó.
El secretario general de la CTA Autónoma sostuvo: “Queda en evidencia que al Gobierno parecen molestarle menos los aportes a cargo de los empleadores que aquellos que se imponen a los trabajadores. Esto forma parte de una estrategia destinada a fortalecer prácticas antisindicales. Cuando el financiamiento proviene del aporte de los trabajadores, la autonomía sindical es mayor que cuando depende de contribuciones patronales”.