La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar que garantizaba la continuidad del salario social complementario. En Chaco, 45.000 personas dejarán de percibir el beneficio, lo que implicará una reducción de más de 3.000 millones de pesos mensuales en la economía provincial.
En diálogo con CIUDAD TV, la secretaria gremial de la UTEP, Johana Duarte, informó sobre los preparativos para la marcha nacional del 7 de agosto junto a la CGT y las dos CTA. Duarte analizó el impacto en Chaco de la baja de 45.000 programas Volver al Trabajo, decidida por el gobierno de Javier Milei. Señaló que la medida afectará el consumo local, el retroceso del Estado en los barrios y podría facilitar el avance de circuitos de préstamos informales.
El 22 de julio, organizaciones sociales acompañaron la ronda de jubilados en el Congreso. Duarte indicó que la jornada estuvo marcada por la noticia de que la Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la medida cautelar obtenida en abril, que garantizaba el pago del salario social complementario. La cámara hizo lugar a la presentación del Gobierno nacional. Como consecuencia, desde agosto más de 900.000 familias en todo el país dejarán de cobrar el programa.
Duarte explicó que 930.000 trabajadores de la economía popular percibían el programa en el país. En Chaco, son 45.000 personas. La provincia integra, junto con Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, el grupo de distritos del norte argentino con mayor cantidad de beneficiarios.
El salario social complementario quedó congelado en 78.000 pesos desde diciembre de 2023 y fue desenganchado del salario mínimo, vital y móvil. Duarte afirmó que antes, cuando aumentaba el mínimo vital y móvil, aumentaba el salario social. En abril de este año, el Gobierno decidió eliminarlo, y las organizaciones lograron una cautelar judicial que ahora fue revocada.
Duarte sostuvo que la pérdida del ingreso repercute en el entramado económico local. En Chaco, los 45.000 titulares representan más de 3.000 millones de pesos que dejarán de ingresar por mes. Detalló que ese dinero se gasta en el circuito económico del barrio: almacenes, verdulerías. Afirmó que el consumo ha caído estrepitosamente y que cada día cierran comercios.
Duarte señaló que las provincias del norte tienen una proporción de trabajadores informales mayor que la de empleo formal, lo que profundiza el impacto. Las organizaciones sociales convocaron a la jornada de lucha federal del 22 de julio, con epicentro en el Puente Pueyrredón, en Buenos Aires, y réplicas en todo el país.
Duarte indicó que 78.000 pesos alcanzaban para comprar la garrafa o cargar la SUBE. Mencionó el rol del programa en comedores y merenderos comunitarios, donde trabajadoras aportaban parte de ese ingreso para comprar alimentos.
Duarte advirtió sobre el vacío que puede dejar el Estado en los territorios. Puso como ejemplo la zona sur de Resistencia, donde el retiro del Estado permite el avance de la criminalidad. Señaló que los préstamos informales endeudan a las familias con intereses del 80% en 30 días, y que la falta de pago genera violencia. Afirmó que la quita del salario social acelerará esos niveles de conflictividad.
Duarte declaró que el Gobierno nacional no habla con ningún sector. Cuestionó el argumento oficial de que el programa es reemplazado por un esquema de formalización laboral. Indicó que de las 900.000 personas alcanzadas, solo 1.500 se inscribieron en las capacitaciones, la mayoría en la Ciudad de Buenos Aires. Afirmó que no hay reactivación económica y habló de una destrucción de industrias y pymes.
Duarte confirmó que las organizaciones presentaron una apelación ante la Corte Suprema. Adelantó que continuarán con el reclamo y que el 7 de agosto se realizará una nueva jornada de movilización junto a la CGT y las CTA. Explicó que la fecha conmemora diez años de la primera gran marcha de los movimientos populares y la histórica jornada por Paz, Pan y Trabajo convocada por Saúl Ubaldini. La convocatoria confluirá con reclamos de discapacidad, financiamiento universitario y rechazo a la firma prevista para el 6 de agosto sobre los territorios.