Fabián Salvioli, expresidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, afirmó que sus recomendaciones son vinculantes y podrían habilitar la revisión de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. La explicación del constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el análisis de las medidas cautelares solicitadas.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) recibió una presentación de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa conocida como Vialidad. En este contexto, Fabián Salvioli, expresidente de ese organismo, sostuvo que las recomendaciones del Comité son vinculantes y que, si se determina una vulneración de garantías, el Estado argentino deberá adecuar su actuación, lo que podría impulsar la revisión de la condena.
Salvioli explicó que el Comité «resuelve si el Estado ha violado los derechos contemplados en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos» —que en Argentina tiene rango constitucional— y que puede tomar medidas de reparación como la revisión de un juicio, la anulación del mismo o la celebración de uno nuevo. «Son recomendaciones, pero son vinculantes», afirmó.
La presentación fue realizada por los abogados de la expresidenta, Javier Borrego, Rafael Valim y Carlos Beraldi. Solicitaron al Comité tres medidas cautelares: la suspensión de la prohibición perpetua para ejercer cargos públicos, la modificación de las condiciones de la detención domiciliaria con tobillera electrónica y la revisión de la integración de la Corte Suprema de Justicia.
El Comité, integrado por 18 miembros, sesiona en dos o tres períodos anuales. Las decisiones sobre comunicaciones individuales pueden demorar entre cuatro y cinco años, aunque las medidas cautelares, por su naturaleza urgente, podrían resolverse en un plazo menor. Salvioli indicó que no hay antecedentes de medidas cautelares por derechos políticos, excepto el caso del expresidente brasileño Lula, donde el Comité actuó luego de que la Corte Suprema de Brasil declarara violaciones al debido proceso.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez señaló que, en el sistema jurídico argentino, la obligatoriedad de acatar las decisiones del Comité se sustenta en la jerarquía constitucional del tratado y en el artículo 366 del Código Procesal Penal Federal, que establece un recurso de revisión de sentencias firmes cuando existe una decisión de un órgano de control de un tratado de derechos humanos. Citó antecedentes como los casos Mohamed y Bueno Alves, en los que la Corte Suprema dejó sin efecto sentencias penales por decisiones de la Corte Interamericana.
El abogado Francisco Oneto, defensor del presidente Javier Milei, escribió en la red social X que «un dictamen favorable a CFK habilitaría la acción de revisión. La cosa juzgada no es el muro que dicen».
Salvioli aclaró que el Comité no declara culpabilidad ni inocencia, y que no actúa como una instancia penal o de apelación. «No corresponde que el comité se manifieste políticamente; lo que hace es evaluar las vulneraciones que se le hacen a todas las personas con respecto al Pacto», dijo. Y agregó: «Al ser la última instancia, lo lógico es que sea considerado vinculante, porque un Estado no puede ser juez y parte».