El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, se expresó en redes sociales sobre el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que se tratará este jueves en el Senado. El legislador advirtió sobre los riesgos de la extranjerización y defendió los límites establecidos por la normativa actual.
El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se refirió al proyecto de reforma de la Ley de Tierras que el oficialismo impulsa y que será tratado este jueves en el Senado. En su exposición, el legislador sostuvo que “la discusión sobre la reforma de la Ley de Tierras trasciende el debate jurídico” y que “lo que está en juego es la capacidad del Estado para decidir quién controla un recurso estratégico y hasta dónde llega la soberanía sobre el territorio nacional”.
Capitanich afirmó que “detrás de la denominación grandilocuente de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se esconde, en realidad, un objetivo mucho más concreto: eliminar los límites a la extranjerización de la tierra que estableció la Ley 26.737”. Agregó que “se lo hace apelando a un falso federalismo que transfiere la potestad regulatoria a las provincias para que, en los hechos, desaparezcan los límites nacionales”.
El senador remarcó que “la tierra rural no es un activo financiero cualquiera” y que “es la base material del desarrollo, de la producción, de las reservas de agua dulce y de los bienes naturales estratégicos”. En ese sentido, sostuvo que “reducir el debate a una cuestión de seguridad jurídica implica desconocer que la propiedad también cumple una función social, ambiental y geopolítica”.
En cuanto a los antecedentes del debate, Capitanich recordó que la ley vigente establece “un tope del 15 % de titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y de cada división subprovincial; un sublímite del 30 % por nacionalidad; un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo; la prohibición de compra por personas jurídicas de derecho público extranjeras; y restricciones sobre tierras que contienen o lindan con cuerpos de agua de envergadura y sobre zonas de seguridad de frontera”.
El legislador señaló que “la ley no confiscó nada a nadie: ordenó, registró y puso límites hacia el futuro, creando el Registro Nacional de Tierras Rurales”. Según datos del Registro actualizados a agosto de 2025, “más de 13 millones de hectáreas rurales – alrededor del 5 % de la superficie rural del país – están en manos extranjeras”. Capitanich indicó que “ninguna provincia, como promedio, supera el tope del 15 %”, pero que “ese promedio esconde concentraciones alarmantes”, citando casos como Lácar, en Neuquén, donde el 54 % de la tierra rural es extranjera, y Molinos y San Carlos en Salta y General Lamadrid en La Rioja, con porcentajes superiores al 50 %.
En cuanto a los titulares extranjeros, Capitanich mencionó que “los titulares estadounidenses encabezan la nómina con cerca de tres millones de hectáreas, seguidos por italianos y españoles, con fuerte presencia patagónica”.
El senador también hizo referencia a antecedentes históricos, como la “Conquista del Desierto” y las leyes de premios y remates entre 1876 y 1903, que permitieron que “41 millones de hectáreas pasaran a manos de un puñado de beneficiarios ligados al Ejército y al poder político”. También mencionó el desmantelamiento de la Secretaría de Seguridad de Fronteras en los años noventa, que “facilitó la venta de unos ocho millones de hectáreas en áreas estratégicas”, y el Decreto 820/2016, que “flexibilizó los controles y habilitó triangulaciones societarias”.
Finalmente, Capitanich presentó el dictamen de minoría que propone “preservar y perfeccionar la Ley 26.737, prohibir la compra de tierras por Estados y empresas estatales extranjeras, e incorporar la prohibición expresa de titularidad extranjera sobre riberas de grandes cuerpos de agua, nacientes de ríos, acuíferos, reservas de agua dulce, zonas glaciares y periglaciares, áreas con recursos naturales estratégicos y zonas ambientales protegidas”.
El legislador citó a la Pastoral Social, ENDEPA y Cáritas Argentina, que advirtieron que la reforma “abriría la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras estratégicas”. Concluyó que “la tierra no es una mercancía cualquiera” y que “un Estado que renuncia a regular quién es dueño de su territorio renuncia, sencillamente, a ser Estado”.