La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió este jueves condenas de seis años de prisión para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex subsecretario Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender por el presunto desvío de fondos en el programa Sueños Compartidos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó ante el Tribunal Oral Federal 5 que se condene a Julio De Vido, José López, Abel Fatala, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a otros exfuncionarios por el presunto desvío de fondos públicos en el programa de viviendas sociales Sueños Compartidos, administrado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En su alegato, la UIF consideró autores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública a De Vido, ex ministro de Planificación Federal; a López, ex secretario de Obras Públicas; y a Fatala, ex subsecretario. Para ellos solicitó una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua.
Además, señaló como partícipes necesarios a los hermanos Schoklender, quienes ejercían como administradores de la Fundación Madres, y pidió también seis años de prisión para ambos.
En cuanto a los referentes de Santiago del Estero Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin, los acusó como partícipes secundarios y solicitó cuatro años de cárcel.
La abogada de la UIF, Marianella Teich, afirmó que “la prueba demuestra el aporte de cada uno de los acusados para cometer defraudaciones en perjuicio del Estado, al adjudicar de modo directo las obras y desviar fondos a sociedades fantasma”. También sostuvo que “juzgamos la instrumentación deliberada de la estructura orgánica del Estado en connivencia con la Fundación Madres de Plaza de Mayo, para defraudar las arcas públicas por $ 206.438.454,05, a valor histórico”.
Teich remarcó que esa suma corresponde al 23,4% de las partidas giradas para las viviendas y describió que, en su mayoría, los proyectos quedaron reducidos a ruinas, obras colapsadas o abandonadas.
Ante el Tribunal Federal Oral 5, Teich precisó que De Vido garantizó la cobertura institucional para poner en marcha “un sistema de canalización opaca de fondos que permitió la salida del dinero público hacia supuestos fines espurios”. Sobre López, indicó que habilitó los pagos millonarios sin realizar controles ni auditorías. En cuanto a Fatala, señaló que fue la autoridad que emitió las aprobaciones de los legajos que supuestamente no cumplían los requisitos necesarios, sin aplicar multas ni sanciones.
La abogada sostuvo que Sergio Schoklender suscribió los instrumentos legales que permitieron captar fondos públicos, mientras que su hermano Pablo colaboró en la ejecución de un entramado que permitió colocar cheques del Estado en firmas asociadas a sus presuntos intereses ilícitos. También destacó que la estructura delictiva contó con la colaboración de los otros cuatro ex funcionarios de Santiago del Estero, que contribuyeron a que se consumara la maniobra.
El TOF 5, integrado por Adrián Grünberg, Adriana Palliotti y Ricardo Basílico, dio a conocer el cronograma de alegatos de las defensas, que continuará hasta fines de agosto. El veredicto podría conocerse en septiembre.
Antes de la feria, el tribunal atendió el pedido del fiscal Diego Velasco, quien solicitó las penas más altas para los imputados, de acuerdo con el grado de participación en la presunta administración fraudulenta. Requirió seis años de prisión e inhabilitación especial para Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, Julio De Vido, José López y Abel Fatala; y cuatro años de cárcel para Daniel Nasif, Karina Nasif, Carlos Castellano y Daniel Freidin.
En este expediente se investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales que, según la acusación, funcionó entre 2005 y 2011 mediante adjudicaciones directas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo bajo condición de exclusividad.