La empresa avícola Granja Tres Arroyos, la mayor productora de carne aviar del país, despidió a 250 empleados de su planta en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en el marco de un proceso preventivo de crisis.
Granja Tres Arroyos, la mayor productora de carne aviar del país, despidió a 250 trabajadores de su planta en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. La empresa argumentó un «profundo deterioro» de su situación económica y financiera, según consta en los telegramas de despido.
La decisión fue confirmada por la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay. Según los gremios, la firma realizó «despidos masivos» y entre los cesanteados hay delegados gremiales.
En los telegramas, Granja Tres Arroyos sostuvo que la medida obedece a «una grave disminución de trabajo no imputable a este empleador» como consecuencia de «circunstancias extraordinarias» que afectaron su nivel de actividad. Entre las razones citó los brotes de gripe aviar, el cierre de exportaciones, la reducción de envíos al exterior, la sobreoferta en el mercado interno, la caída de precios y el incremento de costos de explotación.
La empresa había anunciado a fines de mayo el cierre temporal de la planta «por tiempo indeterminado» debido a «constantes conflictos gremiales» que paralizaron las operaciones. En ese contexto, ingresó en un proceso preventivo de crisis, implementó un programa de retiros voluntarios y afronta sus obligaciones de manera escalonada.
La FTIA y el sindicato local rechazaron los despidos y emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron «el accionar artero e irresponsable de la empresa frente a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras». Además, denunciaron que los trabajadores acumulan más de cinco quincenas de salarios adeudados y que la empresa «avanza con despidos masivos que no aportan soluciones y profundizan aún más la crisis».
Los gremios exigieron «la preservación de las fuentes de trabajo» y un «accionar responsable» de la patronal y las autoridades nacionales, y señalaron que «las y los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis».