La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Carla Yanina Salvatore D’Ursi, condenada por lavado de activos, que buscaba obtener una autorización general para egresar del territorio nacional. El tribunal consideró que la solicitud carecía de precisiones sobre fechas y destinos.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja interpuesto por la defensa de Carla Yanina Salvatore D’Ursi, mediante el cual pretendía revisar la negativa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia a otorgarle una autorización general para salir del país. El tribunal de alzada consideró que la medida cuestionada no reúne las condiciones para ser analizada en dicha instancia, ya que no se trata de un fallo definitivo ni de una resolución que le ponga fin al proceso o extinga la sanción.
El pedido presentado por la representación legal de la condenada solicitaba un permiso de egreso ilimitado y genérico fundamentado en eventuales razones laborales a futuro. Los magistrados señalaron que esa solicitud carece de fundamentos concretos, debido a que no aportó precisiones sobre viajes específicos, destinos determinados ni fechas exactas para su concreción.
Bajo esos argumentos, la resolución firmada por los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky concluyó que la negativa dispuesta previamente por la justicia chaqueña no provoca un perjuicio irreparable ni actual que amerite la intervención del máximo tribunal penal. Asimismo, la Cámara desestimó que el planteo involucre un debate de índole constitucional o federal. Con este pronunciamiento, quedó firme lo resuelto por el juzgado de origen que rechazó la habilitación genérica de salida. Además, se impusieron las costas del trámite judicial a la parte recurrente, mientras que la defensa formalizó la reserva del caso federal para acudir eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia.
Esta resolución se produce tres meses después de que la misma Sala IV confirmara la responsabilidad de Salvatore D’Ursi por lavado de activos procedente del narcotráfico. En aquel fallo de mayo de 2026, la Casación le redujo la sanción a tres años de prisión en suspenso, lo que le evitó ir a la cárcel pero la mantuvo sujeta a reglas de conducta fijadas por la justicia federal de Resistencia.