El juez federal Ariel Lijo requirió al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete información sobre fondos del SISVIAL que, según una denuncia, habrían sido desviados. La diputada Victoria Tolosa Paz y la provincia de La Rioja fueron aceptadas como querellantes.
El juez federal Ariel Lijo requirió al Gobierno nacional que brinde información sobre los fondos destinados a obras viales y mantenimiento de rutas nacionales que, según una denuncia, habrían sido desviados para colocarlos en instrumentos financieros. La solicitud fue dirigida al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Diego Santilli. También se libraron informes a la Dirección Nacional de Vialidad.
La medida se enmarca en una causa penal iniciada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en representación de esa provincia. Ambos fueron aceptados como querellantes, por lo que podrán impulsar el caso y solicitar medidas de prueba.
Según la denuncia de la provincia de La Rioja, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) colocados en plazos fijos y letras emitidas por el Tesoro Nacional. La presentación indica que durante los primeros dos años y medio de la gestión del presidente Javier Milei se asignaron al sistema aproximadamente $1,5 billones, pero solo $394.406 millones fueron efectivamente aplicados a obras y mantenimiento vial, lo que representa una subejecución estimada del 73,8%.
La denuncia de Tolosa Paz acusa formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco Nación por la presunta malversación de caudales públicos agravada y el desvío ilegítimo de más de 1,5 billones de pesos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. Según la denuncia, esos fondos tienen afectación específica para el SISVIAL y debían destinarse exclusivamente al mantenimiento, desarrollo y reparación de las rutas nacionales, pero en lugar de ello fueron utilizados para colocaciones financieras como plazos fijos, bonos, títulos públicos y acciones.
El juez Lijo también pidió a la Sindicatura de la Nación y a la Auditoría General de la Nación que informen si realizaron auditorías, observaciones o actuaciones relativas al fideicomiso creado por el decreto 976/01 y a la cuenta especial SISVIAL desde el año 2024 a la fecha. Las medidas ordenadas buscan reunir información sobre expedientes, partidas presupuestarias y colocaciones financieras con fondos del SISVIAL.
La provincia de La Rioja sostiene que la falta de ejecución de esos fondos le generó un perjuicio, ya que el Estado provincial debió afrontar con recursos propios tareas que corresponden a la jurisdicción nacional.
Por otra parte, Tolosa Paz obtuvo que un juez de La Plata habilitara un amparo colectivo que exige al Estado nacional reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial en la provincia de Buenos Aires, financiados con fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01, conocido como fideicomiso SIT. El fallo, firmado por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, ordenó notificar a las partes demandadas y solicitó informes urgentes a tres organismos del Estado.