La Casa Rosada reemplazará el capítulo original del Presupuesto 2027 sobre Discapacidad por una propuesta negociada con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales, luego de cuestionamientos internos y de la oposición.
El Gobierno nacional reemplazará el capítulo sobre Discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027 por una propuesta que se negocia con el PRO, la UCR y representantes de fuerzas provinciales. La decisión se produce después de cuestionamientos internos y de la oposición, según confirmaron fuentes oficiales.
El capítulo original había sido incluido sin informar previamente a dirigentes de La Libertad Avanza que participaban de las conversaciones con los bloques aliados, entre ellos Martín Menem y Patricia Bullrich. El Gobierno trabajaba con sus socios parlamentarios en una alternativa a la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que vence a fin de año.
Uno de los puntos a revisar es el régimen de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. El proyecto original recuperaba el criterio de incapacidad para trabajar y fijaba el beneficio en el 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio. Además, dejaba de considerar al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía directa para acceder a la pensión y otorgaba al Poder Ejecutivo un margen amplio para definir los requisitos mediante reglamentación.
La nueva propuesta mantendrá mayores controles para acceder a una pensión, pero conservará al CUD dentro del sistema. El Gobierno busca que el beneficio quede ligado a la situación concreta de cada persona y evitar que el certificado sea suficiente por sí solo para obtenerlo. La discusión se centra en definir los requisitos y su inclusión en el proyecto.
Otro cambio se refiere a la posibilidad de trabajar y conservar una pensión. El texto original establecía que una persona podía perder el beneficio si comenzaba un trabajo registrado o se inscribía en una actividad tributaria, incluso por pocas horas. El régimen vigente permite compatibilizar la pensión con empleo o monotributo hasta determinados límites de ingresos. A pedido de los aliados, la nueva propuesta permitirá mantener la pensión aun con empleo registrado, bajo condiciones aún en discusión.
También se modificará el planteo sobre los aranceles de los prestadores de servicios para personas con discapacidad. El proyecto original eliminaba el esquema de valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas y dejaba mayor margen para que obras sociales, prepagas y provincias fijaran sus propios valores, y quitaba la actualización automática vinculada al índice de precios. La alternativa en negociación conservará un nomenclador universal y establecerá una actualización por inflación cada dos meses, en lugar de la actualización mensual prevista por la Ley de Emergencia.
Además, los bloques aliados reclaman precisiones sobre las compensaciones adeudadas a los prestadores. Piden información sobre los pagos previstos por la Ley de Emergencia para compensar el atraso acumulado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, y un cronograma para cancelar esa deuda.