Los gobernadores de Córdoba y Salta expresaron su rechazo a las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027, en medio de las negociaciones entre el Gobierno nacional y las provincias para conseguir votos en el Congreso.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó al mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, al cuestionar los cambios en materia de discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, en momentos en que el Gobierno profundiza las negociaciones con las provincias para reunir los votos necesarios para avanzar con el proyecto en el Congreso.
Llaryora anticipó este domingo que Córdoba no acompañará los recortes planteados en el proyecto y reclamó a los legisladores de su provincia que tampoco los convaliden. «Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos», afirmó.
El mandatario sostuvo además que las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la situación económica o del lugar de residencia de las personas. También advirtió que el trabajo provincial junto con casi 350 organizaciones y gobiernos locales «no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades» y alertó por un eventual «colapso prestacional».
Las críticas, en medio de la negociación con gobernadores
El planteo se conoció en momentos en que la Casa Rosada busca construir respaldos entre los mandatarios provinciales para el Presupuesto 2027. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, reactivó esta semana la ronda de conversaciones y recibió a los gobernadores Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Juan Pablo Valdés, mientras también tenía previstas reuniones con Carlos Sadir, Leandro Zdero y Gustavo Melella.
Sáenz, uno de los gobernadores que participó de esos encuentros y que suele mantener canales de diálogo con el Ejecutivo, también cuestionó el ajuste sobre el área de discapacidad.
«El equilibrio fiscal que tanto se defiende también tiene que ir acompañado de un equilibrio social. Los discapacitados no pueden ser tratados como una planilla de Excel. La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos», afirmó en diálogo con A24.
La posición del mandatario salteño agrega tensión a una negociación en la que el oficialismo necesita respaldos provinciales para avanzar en el Congreso. Sáenz integra, junto con Jaldo, Jalil y Valdés, el grupo de gobernadores que en distintas oportunidades aportaron apoyos legislativos a iniciativas del Gobierno, aunque sus votos para el Presupuesto no están garantizados.
El proyecto enviado al Congreso propone modificaciones sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, entre ellas eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, pasar de una actualización mensual de aranceles a una trimestral y retomar el criterio de invalidez laboral para las pensiones no contributivas. También modifica las condiciones vinculadas al Certificado Único de Discapacidad (CUD).
«Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco», remarcó Llaryora, quien insistió en que el acompañamiento estatal a las personas con discapacidad y sus familias resulta indispensable.
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