Los gremios docentes reclaman la implementación de la norma sancionada por el Congreso y advierten sobre la falta de recomposición salarial. La medida de fuerza se extenderá por tres días con un esquema rotativo en distintas facultades y dependencias.
Las universidades nacionales llevan adelante desde hoy un paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso. Los gremios docentes sostienen que la norma debe hacerse efectiva «sin más demora».
Según los sindicatos, el Poder Ejecutivo debe garantizar el cumplimiento «efectivo» de la ley de Presupuesto Universitario para lograr «la recomposición salarial» docente y «en la defensa de la educación pública».
Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), declaró que hasta el momento los salarios «no fueron recompuestos» y afirmó que, pese a la realización de una tercera marcha federal, no se logró que el Presidente «quiera cumplir con la ley».
«Hay que dejar de decir que no hay plata porque este Gobierno decidió el desfinanciamiento de las universidades nacionales y públicas y dejó de destinar plata a los pagos de la deuda. Debemos continuar con la profundización en las protestas contra la reforma laboral y el plan que tiene esta gestión que es contra la universidad pública, contra los hospitales públicos y contra los derechos laborales», indicó Barbas.
Por su parte, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), Ileana Celoto, sostuvo que con la medida de fuerza se pretende «frenar el vaciamiento» de la educación pública.
«La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo», sentenció Celoto.
A fines de octubre, el Gobierno promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, pero postergó su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento. El Poder Ejecutivo advirtió que «toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos; en caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional».
La modalidad de la protesta no implica un cese total y simultáneo en todas las universidades, sino un esquema rotativo diseñado para garantizar acciones de visibilización diarias. El cronograma comenzó el lunes 21 de septiembre en la sede del Rectorado y recorrerá distintas dependencias hasta finalizar el jueves 22 de octubre.
Durante las primeras tres semanas, la interrupción de actividades afectará a las sedes más concurridas. La protesta pasará por Medicina, FADU, Ingeniería y Farmacia en los primeros días, para luego trasladarse a Exactas, Económicas, Derecho, Psicología, Sociales y Odontología. La agenda también incluye la paralización en sedes culturales como el Centro Cultural Rojas y en los colegios preuniversitarios, afectando el dictado de clases en el Nacional de Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
Para la recta final, que coincidirá con la semana de la marcha federal, el paro se sentirá en Filosofía y Letras, Ciencias Veterinarias, Agronomía y las distintas sedes del CBC. El cierre del plan de lucha pondrá el foco en el sistema de salud y asistencia de la UBA, paralizando la atención en la obra social DOSUBA y en centros médicos como los institutos Lanari.