Fernando Guirado, presidente de la Cámara de Instituciones de Atención a la Discapacidad del Nordeste Argentino (CIADNEA), expresó la preocupación del sector por las modificaciones al Presupuesto 2027 y la posible derogación de artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Advirtió sobre el riesgo para la continuidad de las prestaciones y el funcionamiento del nomenclador nacional.
En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente de la Cámara de Instituciones de Atención a la Discapacidad del Nordeste Argentino (CIADNEA), Fernando Guirado, se refirió a la situación del sector ante el tratamiento del Presupuesto 2027 y las modificaciones planteadas que afectarían la atención integral de las personas con discapacidad.
La entidad advirtió sobre los intentos de derogar artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad y alterar el funcionamiento del nomenclador, lo que según señaló pondría en riesgo la continuidad de los servicios y las prestaciones básicas.
Guirado recordó las dificultades estructurales que atraviesa la temática en el país. «Venimos de una crisis de la discapacidad muy fuerte, donde indudablemente la mirada en este último tiempo ha sido esquiva», explicó. A pesar de los marcos legales sancionados, señaló que «hubo muchas idas y vueltas hasta su implementación en la práctica, que inclusive a la fecha no ha sido completa».
Uno de los puntos centrales del planteo radica en el funcionamiento del nomenclador nacional y las consecuencias de desregular o recortar dicho esquema. Al respecto, el dirigente remarcó que «el nomenclador es una pauta mínima y básica para poder garantizar a todas las personas que tienen discapacidad una atención integral». Asimismo, advirtió que «romper ese sistema trae por consiguiente que van a disminuirse las prestaciones, van a disminuirse los pagos y claramente no se va a garantizar la prestación de servicio».
Sobre el acceso a los certificados y beneficios, el representante de CIADNEA sostuvo que «una persona que necesita una prestación, a veces tiene que esperar un año, año y medio para que pueda llegar a tener esa prestación». A esto sumó un contexto burocrático adverso, sobre el cual consideró que «hay una línea directiva retaceando o negando estas prestaciones básicas reconocidas constitucionalmente».
Frente a la discusión parlamentaria del presupuesto y la prórroga de la emergencia, desde la institución apelaron a la responsabilidad institucional de los representantes de las provincias de la región. En un llamado directo a la dirigencia, Guirado instó: «llamamos claramente a los legisladores del NEA de todos los colores políticos que indudablemente levanten la bandera de la discapacidad».
Finalmente, enfatizó que el sector se mantendrá expectante y firme en la defensa de los derechos adquiridos, concluyendo que «estamos llamados al diálogo, a tender puentes, a generar esperanza, pero eso no quita a que bajemos la guardia y estemos en alerta».