El Poder Judicial del Chaco intervino con disertaciones y ponencias en el IV Congreso Nacional Penal Adolescente Juvenil, realizado en Salta con 1.800 asistentes presenciales. La jueza Emilia Valle expuso sobre los desafíos del sistema penal juvenil.
El Poder Judicial del Chaco participó con disertaciones y ponencias en el IV Congreso Nacional Penal Adolescente Juvenil «La especialidad como garante de la paz social», que se llevó a cabo en Salta con una asistencia de 1.800 personas de manera presencial.
En el acto inaugural estuvieron presentes la jueza del Superior Tribunal de Justicia y presidenta de JUFEJUS, Emilia Valle, junto a su par Iride Isabel María Grillo; el vicegobernador Antonio Marocco; la presidenta de la Corte de Justicia de Salta, Teresa Ovejero; el director académico de la Escuela de la Magistratura y juez de la Corte de Justicia, Fabián Vittar; la defensora general Ada Zunino; el asesor general de incapaces Gaspar Solá Usandivaras; y la jueza penal juvenil y coordinadora del Foro Penal Juvenil de Jufejus, Nadia Cruz.
La actividad fue organizada por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), el Foro Penal Juvenil, el Poder Judicial de Salta y las escuelas de la Magistratura del Poder Judicial y Ministerio Público de Salta.
Durante sus palabras de apertura, Valle destacó «el enorme valor» del congreso, al que definió como un espacio enriquecedor «en términos de intercambio de experiencias, prácticas, ideas, opiniones», y agregó: «nunca tan importante como en el momento actual que nos reunimos a reflexionar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos en la justicia penal adolescente y juvenil».
«La Convención de los Derechos del Niño cambió sustancialmente el modo de abordar la situación de las y los adolescentes en conflicto con la ley penal», señaló, y sostuvo que eso «nos determina un sistema que exige especialidad, garantías sustanciales y procesales, medidas alternativas al proceso y a la privación de libertad, excepcionalidad de la privación de libertad, medidas diferentes a las que se aplican a un adulto y la reintegración social».
Luego indicó: «hoy tenemos una nueva ley, pero siempre la interpretación y aplicación de un sistema penal juvenil debe partir de la Constitución Nacional, de la Convención de los Derechos del Niño y de los estándares internacionales que rigen la materia. Porque, en realidad, las leyes pueden modificarse, pero cualquiera sea el diseño legislativo, los poderes judiciales somos garantes de los principios y derechos que consagra el bloque de constitucionalidad y convencionalidad».
En otro tramo expresó: «cuando un adolescente está frente a un sistema penal no estamos frente a un adulto en escala reducida. Estamos frente a una persona en desarrollo y esto no significa ausencia de responsabilidad, es hacer efectiva la responsabilidad de una manera diferente. Porque cualquier sistema penal adolescente respetuoso de los derechos tampoco deja afuera a la víctima. Ella es una protagonista fundamental en nuestro sistema: tiene derecho a intervenir, a participar y a obtener una respuesta y por eso hablamos en este congreso de justicia restaurativa y de justicia terapéutica».
Por último, aseguró: «tenemos que pensar en estas tres dimensiones: responsabilizar, reparar y reintegrar ese es el gran desafío». La reintegración social no es solo un fin del sistema penal juvenil, sino que es «un modo de prevenir la comisión de nuevos delitos entonces es construcción de seguridad y de paz social. En definitiva, detrás de cada caso tenemos una víctima que espera respuesta, una comunidad que reclama seguridad y un adolescente que recién empieza a escribir su historia. Una justicia penal juvenil especializada debe ser capaz de responder a estas tres dimensiones. Este es nuestro desafío y nuestra responsabilidad».
Las actividades del primer día continuaron con la conferencia inaugural «Los estándares interamericanos en justicia juvenil» (María Julia Garcete, directora general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes). Luego se desarrolló el primer panel «Desafíos de la implementación de la nueva Ley 27.801. El rol de los poderes judiciales» (Marcela De Langhe, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Juan Manuel Díaz, juez del Tribunal Superior de Justicia de Misiones).
A continuación, Vilma Liliana Almirón, jueza de Niñez, Adolescencia y Familia N° 4 de Resistencia, expuso en el panel «Problemáticas de salud mental y modelos de intervención especializados» con el tema «El impacto de la nueva era digital y tecnológica en la adolescencia». Junto a ella estuvo Carmen Rodríguez, psicóloga, doctora en Educación, socioanalista y experta en salud mental infantojuvenil, quien se refirió a «Delito y adolescencias: una perspectiva desde las problemáticas de salud mental».
Luego tuvo lugar la conferencia de Marisa Herrera, quien abordó el tema «Una mirada crítica del sistema de protección integral de derechos de NNyA», y la presentación de la obra colectiva «Relevamiento Federal de Justicia Juvenil» (Sebastián Andrés Medina, jefe de gabinete a cargo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación). El cierre de la primera jornada estuvo a cargo de Alejandro Morlachetti, de UNICEF Argentina, quien disertó en la conferencia magistral «Enfoques restaurativos en el sistema penal juvenil».
El segundo día comenzó con la conferencia magistral «Las deudas de la nueva ley penal juvenil» (Ángela Ester Ledesma, jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal). A ella le siguió el panel «Especialidad y nueva ley penal juvenil», que incluyó las exposiciones: «Una nueva ley con tensiones antiguas» (Mario Rodrigo Morabito, juez de Responsabilidad Juvenil de Catamarca), «El rol de la Defensa y la garantía de la Especialidad. Estándares Convencionales y Ley 27801» (Adolfo Alejandro Sánchez Alegre, presidente de la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina y defensor oficial penal juvenil de Salta) y «La cesura larga como garantía procesal específica de la especialidad. Fundamentos y proyección» (María Antonella Marchisio, jueza sustituta del Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa).
El cuarto panel versó sobre «El rol esencial del Ministerio Público» e incluyó las presentaciones: «El Ministerio Público Pupilar y los derechos de NNyA en el proceso penal juvenil» (Nora Carina Quinteros, asesora de Incapaces de Salta); «Criterios de intervención especializados del Ministerio Público Fiscal» (Franco Bongiovanni, fiscal de la Unidad Fiscal Penal Juvenil de Entre Ríos) y «Protocolo general de actuación del Ministerio Público Fiscal en materia Penal Juvenil» (Carolina Mateo Bellini, fiscal coordinadora de la Unidad de Flagrancia de Salta).
A continuación tuvo lugar el panel «Procesos penales especializados» con las disertaciones: «Oficinas judiciales penales juveniles» (Silvio Roberto Pérez, director de la OFIJU JUV de Salta; Berta Silvia Sáez, responsable del Área AMSEE de la OFIJU JUV de Salta; Fernando Teruel, responsable del Instituto Especializado de Abordaje Territorial de Salta); «La necesidad de una etapa de ejecución penal especializada» (Celeste Susana Souto, defensora oficial del fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín, Buenos Aires) y «Nueva ley y legislaciones procesales provinciales» (Ileana Benedito, jueza penal juvenil de Córdoba).
Luego se desarrolló la conferencia «El rol de las Instituciones en la eficacia de la Justicia Restaurativa» (Christian José Fabio, secretario general de la Federación Argentina de Magistrados y fiscal de Cámara del Departamento Judicial Zárate-Campana de Buenos Aires). También hubo dos ponencias: «Monitoreo y Acceso a la Justicia: garantía de derechos en un contexto de transición normativa penal juvenil en la Provincia de Santa Fe» (Laura Oliva Gerstner, subdirectora general de Investigación en Políticas Públicas – Zona Sur, Defensoría Provincial de NNyA de Santa Fe) y «La identificación delictiva como criterio de individualización de la intervención penal juvenil» (Maximiliano Barrera, Ministerio de Cultura, Educación e Infancias de Mendoza).
En el sexto panel, «La importancia de la interdisciplina», fueron presentadas las conclusiones del encuentro federal de equipos interdisciplinarios. El último panel tuvo como tema «Programas con impacto restaurativo. Adolescentes, víctimas y comunidad» y contó con las disertaciones: «Programas para adolescentes vinculados a delitos contra la integridad sexual» (Osvaldo Vázquez Rossoni, psicólogo, magíster en justicia restaurativa – Corporación Opción Chile) y la presentación de la investigación «Criminalizar la pobreza y castigar la infancia: dinámica de control social y de las victimizaciones masivas en barrios vulnerabilizados» (Leandro Enrique Costanzo, docente investigador) y de doctrina especializada.
Las conferencias finales fueron sobre «Programas de alternatividad penal para el tratamiento de drogas en cumplimiento de los estándares internacionales» (María Catalina González Moreno, coordinadora de Justicia Juvenil de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y «Estándares sobre medidas socioeducativas» (Ignacio Mayoral Narros, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente).