Un análisis de Fundación Vida Silvestre Argentina indica que los fondos asignados en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 representan el 4,07% del mínimo establecido por la Ley de Bosques. La organización y FARN cuestionaron la ejecución presupuestaria de años anteriores.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contempla destinar $39 mensuales por hectárea para la protección de los bosques nativos, según un análisis de la Fundación Vida Silvestre Argentina. La cifra surge de dividir los $24.668 millones previstos para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos entre las más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos que, según la organización, conserva el país.
La Ley 26.331, sancionada en 2007, establece que ese fondo debe recibir como mínimo el 0,3% del presupuesto nacional. De acuerdo con el cálculo difundido por Vida Silvestre, para 2027 correspondería asignarle $606.304 millones. El proyecto del Poder Ejecutivo contempla $24.668 millones, lo que representa el 4,07% del mínimo legal.
“Es imposible proteger nuestros bosques con estos recursos. Las provincias no pueden fiscalizar ni controlar, y los propietarios no reciben estímulos para usar de manera sustentable, conservar ni restaurar”, sostuvo Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina. Según explicó, dividir los recursos proyectados entre las hectáreas existentes arroja una inversión anual de $466 por hectárea.
Jaramillo agregó que, salvo durante los primeros años de implementación de la normativa, los fondos asignados nunca superaron el 10% de lo que correspondía. “Realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional”, recordó.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) también cuestionó el panorama presupuestario. Según su análisis, durante 2025 se ejecutó el 31% de los fondos previstos para conservación, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 la ejecución alcanzó el 16,9%. Además, el proyecto para 2027 plantea financiar 23 planes de manejo sostenible, frente a los 1.200 contemplados en 2022.
De acuerdo con las organizaciones, la continuidad de desmontes en áreas donde la deforestación está prohibida responde a la expansión agropecuaria, forestal y urbana, junto con obras de infraestructura. También señalaron dificultades para restaurar superficies afectadas por desmontes ilegales e incendios.
“Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación legal y una oportunidad para el desarrollo económico y social”, concluyó Jaramillo.