El Cuerpo Médico Forense elevó al máximo tribunal el protocolo ordenado mediante la acordada 21/2026 para evaluar el estado de salud de internos penitenciarios y las posibilidades de tratamiento en los establecimientos donde están alojados. El texto está a estudio de los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia tienen en estudio el protocolo que ordenaron confeccionar al Cuerpo Médico Forense (CMF) mediante la acordada 21/2026, según confirmaron fuentes del máximo tribunal. El documento establece criterios médicos sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de tratamiento en los establecimientos donde se encuentran alojados.
El 21 de agosto pasado, los miembros de la Corte firmaron la acordada 21/2026, a través de la cual ordenaron al decano del CMF que en un plazo de 30 días corridos redactara un «protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en los establecimientos en que se encuentran alojados».
Uno de los puntos solicitados al CMF consistía en contemplar si el Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente de la ministra Alejandra Monteoliva, informaba si contaba con las condiciones necesarias para brindar tratamiento a determinados internos.
En la Corte Suprema confirmaron que el protocolo ya fue elevado por el CMF para la consideración de los ministros. «Está a estudio», indicaron.
Fuentes del Palacio de Talcahuano atribuyen a Horacio Rosatti haber impulsado el tema desde marzo de este año, pocos días antes de que se conmemoraran los 50 años del último golpe de Estado.
El protocolo está a estudio de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, según indicaron en una de las vocalías de la Corte. Ricardo Lorenzetti no tendría intenciones de acompañar con su firma esta vez, según dejaron trascender.
De acuerdo con la acordada 21, la Corte debería aprobar el protocolo, publicarlo y difundirlo entre todos los tribunales penales del país, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
El protocolo fue saludado por el Foro Argentino de Defensa, que señaló que podría tener «consecuencias relevantes» para los represores presos. El diario La Nación lo presentó como un protocolo enfocado directamente en los militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
La Red Nacional de H.I.J.O.S. advirtió que la acordada de la Corte era parte de una estrategia pro-impunidad y que constituía un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. «Bajo la apariencia de un protocolo médico, la acordada establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención de las personas privadas de la libertad, generando una herramienta que facilita el acceso a la prisión domiciliaria de quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar», señalaron en un comunicado.
Diez días después de que los cortesanos firmaran la acordada 21, Cecilia Pando entró al Ministerio de Justicia para reunirse con Santiago Viola, número dos de la cartera y hombre de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Según pudo saber este diario, Pando e integrantes de la asociación Justicia y Concordia –que nuclea a defensores de detenidos por crímenes contra la humanidad– llevaron un pliego vinculado a las prisiones domiciliarias, las libertades condicionales y las salidas transitorias.
Viola tiene contactos con el mundo de los detractores de los juicios. Según un defensor, él, a través de su madre –la abogada Claudia Balbín–, tenía vínculo con Justicia y Concordia. El actual secretario de Justicia fue también abogado de Norma Berta Radice, que, junto con su hermano Jorge Radice, está elevada a juicio por haber sido parte del circuito que lavó dinero con los bienes que les robaron a los desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Las estadísticas que la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) publicó el 14 de septiembre pasado muestran que hay 1254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ellos, 436 están en arresto domiciliario. Solo 73 están en unidades penitenciarias. Cincuenta y nueve de ellos se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
De los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer, menos de 15 por ciento están en la cárcel.