El decreto de necesidad y urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, introdujo modificaciones en leyes de abastecimiento, alquileres, trabajo, salud, producción y tierras, entre otras. A continuación, un detalle de las normas derogadas o modificadas y los efectos señalados por diversos actores.
El DNU 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, estableció un conjunto de reformas normativas en múltiples áreas. El decreto fue redactado por abogados externos coordinados por Federico Sturzenegger, según consta en la versión original, y retiró protecciones legales, redujo la intervención del Estado y amplió la libertad de contratación y comercialización. A continuación, se enumeran los cambios y sus consecuencias.
1. Consumidores: derogación de la Ley de Abastecimiento, Ley de Góndolas y Observatorio de Precios
La norma eliminó herramientas estatales para intervenir ante desabastecimiento y distorsiones de precios. También desaparecieron las reglas que limitaban la ocupación de góndolas por grandes proveedores. Según el texto, supermercados, fabricantes y cadenas ganaron libertad para fijar condiciones de venta, lo que refuerza la ventaja de las empresas con más escala sobre los pequeños productores. El consumidor quedó más expuesto a los abusos del mercado, de acuerdo con el análisis.
2. Inquilinos: derogación de la Ley de Alquileres
Se eliminaron el plazo mínimo legal de tres años, la actualización anual obligatoria y otras condiciones protectoras para los contratos nuevos. Los propietarios negocian plazos, aumentos, índices y moneda de pago. Con alta demanda y pocas viviendas accesibles, la libertad contractual favorece a quien tiene el inmueble. Los dueños de varias propiedades pueden ampliar sus ingresos. La consecuencia señalada es más incertidumbre contractual y una porción creciente del ingreso familiar destinada a vivienda.
3. Trabajadores: capítulo laboral del DNU
El capítulo laboral amplió el período de prueba, modificó indemnizaciones y registración laboral, y restringió medidas de acción sindical. El texto indica que se buscó menos costos de contratación, despido y conflicto para los empleadores. El capítulo fue invalidado por la Justicia y varios de sus temas pasaron a leyes específicas como la Ley Bases y la Reforma Laboral. Sin embargo, algunas normas del decreto siguen vigentes, como la eliminación de multas a la contratación de empleo informal. Según el artículo, la informalidad laboral crece de manera sostenida durante el gobierno de Milei.
4. Salud: modificación de la Ley de Medicina Prepaga
Se eliminaron controles sobre las cuotas. Esto provocó aumentos significativos, deterioro de la capacidad de pago y riesgo de perder la cobertura. Las empresas ganaron libertad para fijar precios y trasladar costos. En abril de 2024, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia halló indicios preliminares de coordinación de precios entre grandes prepagas. El Gobierno ordenó recalcular las cuotas de un grupo de empresas que reunía cerca del 75% de los afiliados. Liberar precios en un mercado concentrado expone a los usuarios y obliga al Estado a intervenir después, concluye el texto.
5. Producción nacional y pymes: derogación parcial del Compre Argentino
Se derogó parcialmente el régimen de Compre Argentino y de promoción industrial, y se modificó el comercio exterior. Las pymes perdieron instrumentos que favorecían a proveedores nacionales. Grandes compradores e importadores ganaron libertad para elegir proveedores. Las compañías con financiamiento, escala y redes internacionales aprovechan la apertura mejor que la pequeña industria. El debilitamiento de los proveedores locales, junto a la apertura importadora, provocó un industricidio de más de 30 mil empresas en la era Milei, según el artículo.
6. Tierras rurales: artículo 154 deroga la Ley de Tierras 26.737
Se eliminan los límites específicos a la propiedad extranjera de tierras rurales y una herramienta de control sobre el territorio. Los grandes capitales pueden adquirir tierras sin esos topes, con riesgo de acumulación en pocos grupos y más dificultades de acceso para el productor chico. La Corte Suprema primero habilitó y diez días después suspendió de forma provisoria los efectos del artículo 154. En esa ventana, inmobiliarias y particulares pusieron en venta miles de hectáreas. El miércoles 14, previo a la sesión especial y la marcha convocada para reclamar la derogación del DNU, el gobierno incluyó un artículo que ratifica los límites de la Ley de Tierras. La intención, según el texto, fue desinflar la marcha. La trampa: quienes pretendan saltear la ley cuentan con dos mecanismos posibles, obtener por 350 mil dólares el Pasaporte de Oro que promociona el gobierno, o antedatar operaciones de compra a las fechas comprendidas por la ventana abierta por la Corte.
7. Empresas públicas: transformación en sociedades anónimas
Se transformaron empresas estatales en sociedades anónimas y se eliminaron ciertas prerrogativas públicas. Esto debilita instrumentos de gestión con objetivos sociales, territoriales o estratégicos. Activos públicos sensibles y estratégicos, como la provisión de energía y el acceso al agua, pasaron a manos de grandes grupos económicos hiper concentrados, con ganancias garantizadas por subas de tarifas y condonaciones de deuda otorgadas por el Estado disminuido, señala el artículo.
8. Tarjetas de crédito: modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito
Se eliminaron ciertos límites y regulaciones. Los usuarios quedan más expuestos a tasas, cargos y condiciones contractuales con menos regulación. Las entidades financieras ganaron libertad para fijar condiciones. Los costos financieros pueden operar como una transferencia desde consumidores endeudados hacia bancos y emisoras. Más vulnerabilidad para los hogares que financian consumos cotidianos con crédito, sobre todo si sus ingresos no acompañan el costo de la deuda.
9. Producciones regionales: derogación o modificación de normas
Se derogaron o modificaron normas de actividades como la vitivinicultura, la yerba mate y el azúcar. Los pequeños productores perdieron mecanismos específicos de regulación y coordinación sectorial. Los grandes operadores ganaron margen para organizar producción, comercialización y contratación, y las empresas integradas pueden imponer condiciones a quienes dependen de pocos compradores. Riesgo de que se profundicen las asimetrías dentro de las cadenas productivas.
Con las evidencias y la experiencia a la vista, los diputados tendrán este jueves la oportunidad de darle punto final al DNU, que ya cuenta con derogación parcial del Senado. Quienes no lo hagan, deberán ser considerados cómplices activos y a conciencia de un plan injusto y cruel, concluye el artículo original.