En la audiencia del 27 de octubre, Ana Clara Gómez Fogar describió las consecuencias físicas y emocionales que presentaban dos menores de edad tras el accionar policial en el barrio Banderas Argentinas. El juicio continúa en noviembre y diciembre.
El 27 de octubre se realizó una nueva audiencia del juicio oral y público por los hechos de violencia institucional ocurridos en 2020 en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana, contra integrantes de dos familias de la comunidad Qom. En la causa están imputados diez efectivos policiales y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene como querellante.
La jornada se desarrolló ante la Cámara Segunda en lo Criminal. Estaban previstas las declaraciones de Ana Clara Gómez Fogar, Hugo Alberto Acosta, Marcelo Eduardo Blanco y Cristian Borda, quien no se presentó. La audiencia pasó a cuarto intermedio y finalmente declararon Gómez Fogar y Acosta.
La jueza Dolly Fernández autorizó el retiro de los imputados que se encontraban en la sala, luego de un pedido de la defensa, que argumentó que escuchar los relatos provocaba angustia a sus defendidos.
Testimonio de la psicóloga
Ana Clara Gómez Fogar, licenciada en Psicología, se desempeñaba al momento de los hechos como operadora de guardia y trabajaba en atención primaria en violencia de género del Ministerio de Desarrollo Social, mientras completaba su formación como licenciada en Psicología. Su tarea consistía en acompañar a mujeres durante el proceso psicojurídico.
En su relato ante el tribunal describió las secuelas inmediatas que presentaban las víctimas. En relación con Daiana Fernández, la testigo sostuvo que “estaba al borde del desmayo, con muchos dolores de estómago, movilidad reducida y contracciones de dolor en la zona del abdomen; muy pálida y descompuesta”.
Además, recordó que Daiana “tenía el pelo largo y le dolía el cuero cabelludo porque la habían tironeado de los pelos”. Sobre su estado cognitivo y emocional, detalló: “Empezaba a hablar y se angustiaba. Podía contestar pocas preguntas. Tenía poca movilidad, la tuvimos que ayudar a subir a la camioneta. Sufría mini episodios de desmayo y la intentaban reavivar para animarla”.
En la misma línea, al referirse al estado de Rebeca Garay, la psicóloga declaró que “estaba lastimada, intentaba gesticular y le sangraban las heridas; se notaba que le dolía el rostro”. Gómez Fogar señaló además que tanto Rebeca como Daiana habían sido amenazadas con ser prendidas fuego y que sufrieron agresiones de carácter sexual, que incluyeron contactos físicos no consentidos por parte de efectivos policiales.
Durante el interrogatorio, la defensa realizó preguntas vinculadas con el rol que Gómez Fogar desempeñaba en 2020 y con las herramientas utilizadas para acompañar a las víctimas. Ante un cuestionamiento acerca de la posibilidad de establecer un diálogo con una persona que no se expresaba verbalmente, la profesional respondió: “El mutismo no es una forma de no comunicarse, es un padecimiento subjetivo, es algo a ser leído y de ser acompañado”.
Asimismo, el abogado defensor Pablo Vianello solicitó que se investigara a la psicóloga por una presunta “usurpación de título”. Frente a distintas intervenciones de la defensa, la presidenta del tribunal pidió que se formularan preguntas y no alegatos, mientras que la querella solicitó en reiteradas oportunidades que no se hostigara a la testigo y que los interrogantes fueran formulados de manera clara.
La jornada concluyó con el testimonio de Hugo Alberto Acosta, quien había intervenido como firmante de actuaciones vinculadas al procedimiento policial investigado. Durante su declaración se registraron distintas inconsistencias respecto de algunos aspectos de los hechos bajo análisis.
Los hechos investigados y la continuidad del juicio
La causa se remonta a la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron, presuntamente sin orden judicial, a una vivienda del barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, durante el procedimiento y posteriormente en la dependencia policial, integrantes de la comunidad Qom sufrieron agresiones físicas, amenazas, vejaciones y otros hechos de violencia institucional.
El expediente fue elevado a juicio en abril de 2022, pero el inicio del debate se demoró por sucesivas suspensiones y reprogramaciones. Finalmente, las audiencias comenzaron el 5 de octubre de 2026, con diez efectivos policiales imputados por distintos delitos.
El juicio continuará con nuevas audiencias fijadas para los días 3, 12, 17 y 30 de noviembre, y 1 y 3 de diciembre, ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco participa como querellante en la causa, en la que se investigan los hechos de violencia institucional cometidos contra integrantes de la comunidad Qom en mayo de 2020.